Un tribunal de Bogotá ordenó este martes la libertad «inmediata» del expresidente Álvaro Uribe, mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.
El popular exmandatario (2002-2010) recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Desde el 1 de agosto, el político de 73 años ha estado detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.
Pero el Tribunal Superior de Bogotá resolvió este martes que los criterios» de la jueza de primera instancia para mantener detenido a Uribe «fueron vagos, indeterminados e imprecisos» y consideró que no existe un riesgo de fuga ni de un posible daño para la sociedad.
«Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad», celebró el expresidente en la red social X. «Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia», dijo.
Uribe sostiene que el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.
El tribunal tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
– «Presión a la justicia» –
Todo empezó en 2012, cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con paramilitares.
Cepeda había mencionado en el Congreso las denuncias de exparamilitares en prisión que acusaban a Uribe de fundar un escuadrón antiguerrillas en la finca de su familia.
Pero en un giro inesperado de la justicia, en 2018 la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.
El senador aseguró que este martes respeta la decisión de dejar a Uribe en libertad, pero no la comparte.
«Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra. Y creemos que la medida que impuso la jueza (Sandra) Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones», declaró a la prensa.
Cuando se conoció la condena el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, denunció una «instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales».
Entonces Uribe, un viejo aliado de Washington, convocó a miles a las calles para defender su inocencia.
«La decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe», declaró en X el senador estadounidense Bernie Moreno, que visitó la semana pasada al expresidente en su prisión domiciliaria.
– Elecciones 2026 –
Petro cuestionó la intromisión de Estados Unidos en el caso de Uribe y ha denunciado una «enorme» presión a la justicia.
La condena del político colombiano más influyente del siglo marca la campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Su partido, el Centro Democrático, es el principal movimiento opositor a Petro, además de cercano al gobierno de Estados Unidos.
Su precandidato líder en las encuestas, Miguel Uribe (que no es familiar del exmandatario), falleció el 11 de agosto después de sufrir un brutal atentado.
Álvaro Uribe llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado.
Amasó apoyos con sus políticas de mano dura, que doblegaron a la entonces guerrilla FARC.
Pero al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por violaciones a los derechos humanos.
Entre 2002 y 2008 se documentaron más de 6.000 «falsos positivos», como se conocen los casos de civiles ejecutados por militares y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas.
De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.
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