Miami, Florida.- La jueza federal Kathleen Williams reafirmó su decisión de desmantelar el polémico centro de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, al rechazar una solicitud del gobierno federal para suspender temporalmente la medida mientras se tramita una apelación.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que la orden judicial afectaría su capacidad para aplicar las leyes migratorias, pero la jueza desestimó esa petición. La decisión se mantiene firme, y se espera que en un plazo de 60 días la población detenida sea transferida a otras instalaciones. Posteriormente, deberán retirarse las cercas, sistemas de iluminación y generadores del recinto. Además, se prohibió el traslado de nuevos detenidos a la propiedad.
La orden judicial responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, quienes denunciaron que la instalación amenaza ecosistemas sensibles, incluyendo humedales protegidos, y podría revertir décadas de inversión en restauración ambiental. La construcción del centro, que se realizó en apenas dos meses sobre un antiguo aeropuerto de entrenamiento, implicó contratos estatales por más de 245 millones de dólares. Fue inaugurado oficialmente el 1 de julio.
El expresidente Donald Trump visitó el centro el mes pasado y lo calificó como un modelo para futuras instalaciones de detención, en el marco de su política de expansión de infraestructura migratoria.
Además de las preocupaciones ambientales, organizaciones de derechos civiles han presentado múltiples demandas contra el centro, alegando que los detenidos han sido retenidos sin cargos, sin acceso al sistema legal, y que han desaparecido del localizador oficial de ICE. Una tercera demanda, interpuesta en Fort Myers, solicita una orden judicial que prohíba a las agencias estatales y sus contratistas mantener detenidos en el centro, citando “problemas graves” previamente no documentados en el sistema migratorio.
Los demandantes también argumentan que la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal, y que las autoridades estatales de Florida no tienen jurisdicción para operar este tipo de instalaciones. Mientras tanto, el gobierno del estado, liderado por el gobernador Ron DeSantis, avanza en la apertura de una segunda instalación de detención apodada “Depósito de Deportación”, ubicada en una prisión estatal en el norte de Florida.
El caso continúa generando atención nacional por sus implicaciones legales, ambientales y humanitarias.
