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jueves, octubre 16, 2025

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Jueza federal ordena suspender despidos masivos ordenados por Trump durante cierre del Gobierno

San Francisco, California.-  La jueza Susan Yvonne Illston, del Tribunal del Distrito Norte de California, emitió este miércoles una orden de restricción temporal que obliga a la Administración Trump a suspender sus planes de despedir a miles de empleados federales durante el actual cierre del Gobierno. La magistrada calificó las acciones como “contrarias a la ley” y expresó su preocupación por el uso político de la paralización presupuestaria.

La decisión judicial se produce luego de que más de 4.100 trabajadores federales recibieran advertencias de despido en la última semana. Illston señaló que la administración estaba aprovechando la interrupción del gasto público para ejecutar recortes laborales con motivaciones políticas, dirigidos especialmente a programas y agencias vinculadas a sectores demócratas.

Reacción sindical y contexto legislativo

La orden responde a una solicitud presentada por sindicatos que representan a empleados públicos, quienes alegan que los despidos violan derechos constitucionales y laborales. 

Según la jueza, si los recortes afectan a miembros de sindicatos que han interpuesto demandas, más de dos docenas de agencias federales deberán detener los avisos de despido ya emitidos y abstenerse de emitir nuevos, mientras se evalúa la posibilidad de un bloqueo judicial permanente.

El conflicto se enmarca en la falta de acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas, que ha provocado la parálisis del Gobierno. Este miércoles, el Senado fracasó por novena vez en aprobar un proyecto de financiación temporal que permita reabrir las operaciones gubernamentales.

“La paralización del Gobierno no puede ser utilizada como herramienta para ejecutar despidos masivos con fines políticos. Eso no se puede hacer en un país de derecho”, afirmó la jueza Illston, quien también expresó su confianza en que los sindicatos podrán demostrar la ilegalidad de las medidas adoptadas.

La orden judicial no resuelve el fondo del caso, pero representa un freno temporal a los despidos mientras continúa el proceso legal.

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