LOS ÁNGELES, California – Una jueza federal emitió este viernes una orden que impide temporalmente a la administración Trump llevar a cabo lo que activistas han calificado como arrestos y detenciones ilegales, prácticas que, según ellos, han aterrorizado a los angelinos y perjudicado la economía local.
La decisión fue tomada por la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien encontró suficiente evidencia de que los agentes estaban deteniendo a personas basándose en su raza, idioma, profesión o ubicación (como estacionamientos de Home Depot o lavaderos de autos) para justificar una sospecha razonable. En su fallo, la jueza afirmó que basarse en estos factores, ya sea solos o en combinación, no cumple con los requisitos de la Cuarta Enmienda.
«Lo que el gobierno federal pretende hacer creer a este Tribunal, ante la montaña de pruebas presentadas en este caso, es que nada de esto está sucediendo realmente», declaró la jueza Frimpong.
La demanda, presentada por varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, argumenta que los agentes de inmigración acorralaron a personas de piel morena en lugares públicos del sur de California sin establecer una sospecha razonable de que hubieran violado las leyes de inmigración. Alegan además que los agentes no se identificaron y que los detenidos fueron retenidos en condiciones «deplorables» sin acceso a abogados, agua o comida.
Reacciones de la Administración y el Tribunal
En respuesta a la demanda, el asesor de política fronteriza de Trump, Tom Homan, afirmó en Fox News que el fallo del juez podría «detener las operaciones». Homan defendió las acciones de los agentes, argumentando que solo necesitan conocer la «totalidad de las circunstancias» para un acercamiento y que los oficiales reciben capacitación constante sobre la Cuarta Enmienda.
Sin embargo, la jueza Frimpong cuestionó al abogado del Departamento de Justicia, Sean Skedzielewski, sobre la falta de pruebas específicas que refutaran las acusaciones de detenciones indiscriminadas. La jueza señaló que, a diferencia de los arrestos policiales típicos, en este caso no existen informes que justifiquen «por qué arrestaron a esta persona», lo que dificulta aceptar la descripción del gobierno de que se trata de operaciones «sofisticadas».
Desde el 6 de junio, los agentes de inmigración han arrestado a casi 2,800 personas indocumentadas, según datos del DHS. Un análisis del Times reveló que el 69% de los detenidos en la primera quincena de junio no tenía antecedentes penales y el 58% nunca había sido acusado de ningún delito. Estas redadas han paralizado áreas de Los Ángeles con gran población inmigrante y han impulsado a muchos a esconderse por temor a ser detenidos.
