Un juez de Texas pausó temporalmente el lunes un programa del gobierno que acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses, un golpe a la política migratoria de Joe Biden a diez semanas de las elecciones presidenciales.
El plan del presidente demócrata anunciado en junio busca beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, este lunes, Campbell Barker, un juez federal en Tyler, Texas, acogió una demanda hecha por 16 fiscales generales de estados republicanos, que acusaron al gobierno de evadir la jurisdicción del Congreso y lanzar la medida con propósitos políticos.
«Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha», escribió el juez Barker en su orden.
Si bien la decisión tiene vigencia por 14 días, el magistrado aclaró que esta podría extenderse incluso hasta mediados de octubre, mientras evalúan elementos presentados por las partes.
El programa de Biden «Keeping Families Together» (Mantener a las Familias Unidas) fue lanzado a meses de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la vicepresidenta, Kamala Harris, se enfrentará al republicano Donald Trump. La solución a la crisis migratoria es un tema clave en la contienda.
Mientras los demócratas buscan un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump ha centrado su campaña en asegurar que Estados Unidos está bajo una «invasión».
La medida permite un ‘parole in place’, una especie de libertad bajo palabra, para que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar territorio estadounidense.
Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Los favorecidos recibirán una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en los Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitan una ‘green card’.
Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.
-«Violar las leyes»-
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó en un comunicado que la decisión del tribunal «no afecta a ninguna solicitud que haya sido aprobada antes de que se emitiera» el fallo. Aclaró que, aunque no se podrán aprobar nuevas solicitudes mientras la suspensión siga vigente, sí seguirán recibiéndolas.
En tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los promotores de la demanda, celebró la decisión judicial.
«El plan inconstitucional de Biden habría recompensado a más de un millón de inmigrantes ilegales con la oportunidad de obtener la ciudadanía después de violar las leyes de nuestro país (…) Este es solo el primer paso. Seguiremos luchando por Texas, nuestro país y el estado de derecho», escribió en la red social X.
Pero, para la ONG Justice Action Center, que representa a algunas familias que se han acogido al programa, «detener un proceso para el que Texas no ha podido proporcionar ni un ápice de evidencia de que dañaría al estado es desconcertante».
«Esto es desgarrador para nuestros clientes y las miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y poder vivir sin miedo a que su familia sea separada», dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de la organización.
-«Abrazar a mi hijo»-
Más temprano este lunes, la organización humanitaria informó que un grupo de inmigrantes que se ha acogido al proceso presentó un pedido para ser escuchados en la corte federal.
«Si me conceden la libertad condicional, lo primero que haré será abrazar a mis hijos, porque entonces sabré que estaré allí para acostarlos todas las noches», dijo Rico Ocampo, según una nota difundida por el Justice Action Center.
«Podré respirar más tranquilo sabiendo que mi esposa Jessika no tendrá que llevar sola la carga de nuestra familia. Y por primera vez, imagino un futuro en el que pueda comprar una casa y hacer planes, planes a largo plazo, con mi familia», agregó.
«La decisión de Texas de tratar de detener este proceso a través de litigios carece de humanidad y ataca nuestros valores estadounidenses que protegen a las familias», comentó Angélica Salas, directora ejecutiva en The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA).
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