Un juez federal prohibió al gobierno del presidente Donald Trump la aplicación de su orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento en todo el país, a apenas días de que la Corte Suprema restringiera la capacidad de los tribunales de distrito para bloquear sus políticas mediante mandatos judiciales a nivel nacional.
El juez federal de distrito Joseph Laplante anunció este jueves que certificará una demanda colectiva en representación de cualquier menor cuyo estatus de ciudadanía pudiera verse afectado por la directriz de Trump, y que emitirá una orden escrita al respecto.
Esta decisión llega luego de que la Corte Suprema limitara la capacidad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional contra políticas presidenciales. No obstante, la Suprema Corte dejó abierta la vía para que los demandantes busquen un alivio amplio mediante demandas colectivas, estrategia utilizada en este caso. El fallo de Laplante, aunque no es una orden nacional explícita, tendrá el mismo efecto práctico al aplicarse a bebés en todo el país. La demanda colectiva no incluye a los padres, como inicialmente habían solicitado los demandantes.
El juez Laplante indicó que suspenderá su fallo por siete días para permitir que la administración Trump presente una apelación. La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, horas después de que la Corte Suprema dictaminara, con una votación de 6 a 3, que las órdenes judiciales a nivel nacional probablemente exceden los poderes de los tribunales federales, restringiendo así una herramienta clave utilizada para frenar la agenda de Trump.
La orden ejecutiva de Trump estaba programada para entrar en vigor el 27 de julio, según la decisión previa del Tribunal Superior.
El gobierno de Trump quiere restringir la ciudadanía por nacimiento y negar ese derecho constitucional a bebés de padres indocumentados o que no tengan un estatus migratorio permanente.
