La familia de Jessie Peterson, una estadounidense de 31 años, vivió una odisea de un año en busca de su pariente desaparecida. Lo que desconocían era que Peterson había fallecido mientras recibía tratamiento en el hospital Mercy San Juan y que su cuerpo había sido enviado a un depósito sin que nadie los notificara.
La pesadilla comenzó cuando el hospital informó a la familia que Peterson había abandonado el centro médico por voluntad propia, a pesar de las recomendaciones médicas. Durante un año entero, los familiares buscaron incansablemente a Jessie, contactando a la policía y a la oficina del forense sin éxito.
Finalmente, gracias a la intervención de una morgue, se descubrió que el cuerpo de Peterson se encontraba en una instalación de almacenamiento del hospital. Una demanda civil presentada por la familia acusa al Mercy San Juan de negligencia, alegando que la institución no cumplió con su deber de informar sobre el fallecimiento de la paciente.
Según la demanda, el cuerpo de Peterson estaba tan deteriorado que no fue posible realizar una autopsia ni un funeral tradicional. La familia reclama más de 25 millones de dólares en daños y perjuicios, argumentando que el comportamiento del hospital fue «atroz y malicioso».
Por su parte, Dignity Health, la corporación propietaria del Mercy San Juan, expresó sus condolencias a la familia pero se negó a comentar sobre el litigio en curso. Este caso ha generado una gran conmoción y ha puesto en entredicho los protocolos de los hospitales en situaciones similares.
