Anthony Shane Gilstrap fue sentenciado hoy a 63 meses de prisión por violar la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA) al transportar ilegalmente desechos peligrosos en Hawái y por poseer un arma de fuego robada en Kansas. Gilstrap, quien se declaró culpable de los crímenes en abril, también cumplirá tres años de libertad supervisada, tiempo durante el cual participará en tratamientos y programas de salud mental, comportamiento cognitivo y abuso de sustancias.
Según documentos presentados ante el tribunal, Gilstrap violó la RCRA en Hawái al contratar la retirada de 35 tambores de percloroetileno (perc) de residuos peligrosos de una operación de limpieza en seco en Honolulu en enero de 2017. Gilstrap ofreció, con un gran descuento, llevarse el solvente gastado y almacenado ilegalmente. No utilizó las salvaguardias requeridas, como un manifiesto de desechos peligrosos de la RCRA, que rastrea los desechos hasta su sitio de eliminación final. Gilstrap trasladó los tambores a un almacén que controlaba, donde permanecieron durante meses sin el permiso requerido. Falsificó un manifiesto después de que funcionarios del gobierno le preguntaran sobre los tambores, diciendo falsamente que los había enviado a Oregón.
La empresa propietaria de la tintorería y su director regional de Hawái se declararon culpables y fueron sentenciados. Los bidones de residuos de perc finalmente se eliminaron correctamente. Posteriormente, las autoridades de Kansas detuvieron a Gilstrap por una infracción de tránsito y encontraron en su camioneta una pistola, que Gilstrap admitió que era robada. Los casos de violaciones de armas cortas y RCRA se consolidaron para la declaración y sentencia de Gilstrap.
«Leyes como la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos ayudan a proteger a las personas y nuestro medio ambiente de la exposición a desechos peligrosos al exigir prácticas seguras de transporte y almacenamiento», dijo el Fiscal General Adjunto Todd Kim de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. «Estamos contentos de que este caso inusual se haya resuelto finalmente sin daños graves y prolongados».
«El almacenamiento y transporte ilegal de desechos peligrosos plantea un peligro muy grave para la salud pública», dijo el agente especial adjunto a cargo Benjamin Carr del programa de aplicación de la ley penal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en Hawaii. «La sentencia de hoy demuestra que la EPA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a proteger al pueblo estadounidense de actividades criminales imprudentes que ponen en peligro la salud humana y el medio ambiente».
El juez federal de distrito Eric F. Melgren para el distrito de Kansas dictó la sentencia.
From Justice Government.
