Un ciudadano israelí se declaró culpable hoy de su papel en una conspiración para lavar dinero y facilitar la entrada, el alojamiento y el transporte ilegal de no ciudadanos a los Estados Unidos con el fin de obtener empleo.
Según documentos judiciales, Shai Cohen, de 39 años, admitió haber organizado y trabajado con otros para reclutar y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos israelíes a Estados Unidos con falsos pretextos.
Desde aproximadamente 2011 hasta diciembre de 2013, Cohen y sus cómplices ayudaron a no ciudadanos a obtener de manera fraudulenta visas de turista/visitante B-1/B-2 tergiversando el verdadero propósito de su viaje a los Estados Unidos, que era un empleo ilegal. Luego, Cohen y sus cómplices ayudaron a los no ciudadanos a viajar a los Estados Unidos.
A su llegada, los no ciudadanos fueron empleados en varios quioscos propiedad de Cohen y sus cómplices y operados por ellos en centros comerciales de Virginia y Maryland, a pesar de ingresar a los Estados Unidos con un estatus de visa que no les permitía trabajar. Los no ciudadanos que realizaban empleos ilegales eran compensados principalmente por su trabajo mediante pagos en efectivo encubiertos o la transferencia de dinero a tarjetas de pago con valor almacenado, en lugar de a través de un sistema de nómina legítimo.
Cohen también proporcionó alojamiento y transporte a los no ciudadanos hacia y desde el trabajo en los Estados Unidos. Cohen y sus cómplices también utilizaron cuentas bancarias nacionales y extranjeras para transacciones financieras destinadas a pagar espacios de oficina alquilados, apartamentos, boletos de avión, vehículos y otros costos comerciales para promover el plan criminal.
Cohen fue arrestado en Israel a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos. En agosto fue extraditado al Distrito Este de Virginia.
Cohen se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, y de un cargo de conspiración para lavar dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el 19 de enero de 2024. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores estatutarios.
La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Jessica D. Aber para el Distrito Este de Virginia, el Agente Especial a Cargo Derek W. Gordon de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Washington y el Agente Especial a Cargo Troy W. Springer de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL-OIG), Región de la Capital Nacional, hizo el anuncio.
HSI Washington y DOL-OIG están investigando el caso.
From Justice Goverment.
