Huehuetenango, Guatemala .- En un gesto de solidaridad regional, el Gobierno de Guatemala concedió este miércoles 161 permisos de permanencia por razones humanitarias a ciudadanos mexicanos que se refugiaron en la aldea Guailá, ubicada en el departamento fronterizo de Huehuetenango, tras huir del recrudecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico en el estado de Chiapas.
Según informó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre los beneficiarios se encuentran 69 menores de edad y 92 adultos, todos provenientes de comunidades chiapanecas afectadas por la disputa territorial entre grupos criminales, particularmente los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. La violencia en la región ha generado un éxodo silencioso de familias que buscan resguardo en territorio guatemalteco.
El IGM detalló que se entrevistó a 39 familias mexicanas, quienes recibieron el pase humanitario y atención interinstitucional en Guailá, donde se habilitó un albergue temporal en un salón de usos múltiples. Algunos desplazados han sido acogidos por pobladores locales o han logrado alquilar viviendas en la zona. La seguridad de la aldea está garantizada por la presencia de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala.
Este fenómeno migratorio no es nuevo. En 2023, Guatemala recibió a más de 600 mexicanos en circunstancias similares. Aquellos refugiados permanecieron en el país durante casi siete meses, hasta que consideraron que las condiciones de seguridad en Chiapas permitían su retorno.
El pasado viernes, en una reunión bilateral celebrada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, ambos mandatarios se comprometieron a reforzar la seguridad en la frontera común. El encuentro se produjo dos meses después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco durante una persecución de presuntos narcotraficantes, hecho que generó tensiones diplomáticas y una solicitud formal de disculpas por parte de Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas reiteraron su compromiso con la protección de los derechos humanos de los desplazados y destacaron la importancia de la cooperación regional para enfrentar los desafíos derivados del crimen organizado y sus efectos en las comunidades fronterizas.