Centroamérica.- El Congreso de Guatemala ha dado un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado al aprobar el Decreto 11-2025, conocido como la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras.
Esta normativa declara a las pandillas como organizaciones terroristas y establece un marco legal más severo para enfrentar la creciente inseguridad que afecta al país.
Con el respaldo de 145 diputados, el Pleno del Congreso aprobó esta ley tras una alarmante fuga de 20 cabecillas pandilleros de una prisión de alta seguridad. La legislación reconoce a grupos como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS) como organizaciones criminales transnacionales y terroristas, lo que permite aplicar sanciones más rigurosas y medidas excepcionales para su control.
Endurecimiento de penas y nuevos delitos
La ley contempla penas de 14 a 18 años de prisión y multas de 100,000 a 300,000 quetzales (aproximadamente 13,000 a 39,000 dólares) para quienes recluten o intimiden a menores de edad con fines delictivos. Además, se amplía el catálogo de delitos considerados como parte de la delincuencia organizada, incluyendo:
• Violación y agresión sexual
• Femicidio
• Extorsión y enriquecimiento ilícito extorsivo
• Comercialización de vehículos robados
• Asociación de personas armadas
• Uso ilegal de uniformes o insignias
La normativa también ordena la creación de dos centros penitenciarios de máxima seguridad, uno preventivo y otro para cumplimiento de condenas. Esta medida busca mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar un tratamiento especializado para los miembros de estas estructuras criminales.
Medidas contra la obstrucción extorsiva de tránsito
El Artículo 11 de la ley eleva las penas por obstrucción extorsiva de tránsito hasta 18 años de prisión, incluyendo medidas cautelares para prevenir este tipo de delitos. También se endurecen las sanciones por el ingreso de objetos prohibidos en centros de detención, como dinero, celulares, radios, equipos de internet y drones.
Nuevas figuras penales: enriquecimiento ilícito y usuraLa ley introduce el delito de enriquecimiento ilícito, castigado con 14 a 18 años de cárcel, y tipifica la usura con penas de 4 a 10 años, además de multas que oscilan entre 200,000 y 500,000 quetzales (unos 26,000 a 65,000 dólares).
