El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio este domingo en el sector de Estor Izaba a norte de a capital del país. Todo por enfrentamientos registrados entre los locales contra las autoridades por proyectos extractivos en sus territorios.

El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia para lo cual debe ser ratificado por el Congreso de la República. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.

Supone que esta medida limita los derechos de los ciudadanos y capacita a las autoridades a colocar toque de queda, accionar con autoridad, detener legalmente e interrogar a los detenidos.

Todos los que se reúnan en grupos o manifiesten corren el riesgo de pasar los 30 días que dura la medida en prisión por investigación y ser sometidos a interrogatorios.

Contexto

Durante dos días miles de policías se enfrentaron con pobladores campesinos e indígenas lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras lluvias de piedras se lanzaban desde ambos lados dejando varios heridos.

Periodistas locales denunciaron que durante los enfrentamientos miembros de las fuerzas policiales amenazaron a estos para no grabarles, fotografiarles ni hacer su trabajo reporteril.

La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fenix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblo no habían sido consultado para la implementación de estos megaproyectos.

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La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que para su operación no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara dicha consulta.

La procuraduría dijo que desde principios de mes pobladores realizan plantos y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta que ordenó la Corte de Constitucionalidad.