Texas.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha comenzado la construcción de un nuevo centro de detención para migrantes en Fort Bliss, Texas, en respuesta a una solicitud formal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El proyecto, que arrancó a mediados de julio, forma parte de una estrategia federal para ampliar la capacidad de detención en el contexto de las políticas migratorias actuales.
Según confirmó el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, el complejo tendrá una capacidad inicial para albergar a 1.000 personas, con planes de expansión que podrían elevar ese número hasta 5.000 una vez concluido. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el uso de terrenos dentro de la base militar para llevar adelante la obra.
Wilson señaló que, una vez finalizado, el centro se convertirá en el mayor complejo federal de detención migratoria en la historia del país, con un enfoque específico en la deportación de personas que se encuentran en situación migratoria irregular.
La construcción en Fort Bliss se enmarca dentro de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump, quien en su segundo mandato ha intensificado las acciones para controlar la inmigración ilegal. El mismo día de su investidura, el mandatario declaró una emergencia nacional en la frontera sur, y el pasado 4 de julio firmó la “Gran y Hermosa Ley”, que destina 170.000 millones de dólares a seguridad fronteriza y aplicación de leyes migratorias. De ese monto, 45.000 millones están asignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ampliar la red de centros de detención en los próximos cuatro años.
El anuncio de Fort Bliss se suma a la reciente apertura del centro “Alligator Alcatraz” en Florida, también con capacidad para 5.000 personas. Este último ha sido objeto de críticas por parte de legisladores demócratas, quienes han expresado preocupación por las condiciones de alojamiento y el trato a los detenidos.
La administración federal sostiene que estas instalaciones son necesarias para cumplir con los objetivos de control migratorio, mientras el debate sobre su impacto humanitario continúa en el Congreso y entre organizaciones defensoras de derechos civiles.
