En una reciente y controvertida medida, el gobernador Greg Abbott ha emitido una orden ejecutiva que instruye a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) a recopilar información sobre los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular. Esta iniciativa busca evaluar el costo médico que el estado incurre al atender a los migrantes sin papeles.
Abbott justificó su decisión en un comunicado, atribuyendo la necesidad de tales medidas a las “imprudentes políticas de frontera abierta de la Administración Biden-Harris”. De acuerdo con la orden, la HHSC deberá proporcionar informes periódicos al gobernador y a la Legislatura de Texas, detallando los gastos relacionados con la atención de emergencia y hospitalaria para estos individuos. Esto permitirá al estado solicitar reembolsos del gobierno federal.
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A partir del 1 de noviembre, los hospitales de Texas estarán obligados a recoger datos sobre los “pacientes que no están legalmente presentes en el país”. En su comunicado, Abbott afirmó: “Los tejanos no deberían tener que cargar con el peso financiero de la atención médica de los inmigrantes ilegales. Es por eso que hoy emití esta orden ejecutiva”.
El gobernador declaró su intención de que la Administración Biden-Harris rinda cuentas por los costos asociados a su política fronteriza. “Lucharemos para que paguen a Texas por sus costosas y peligrosas políticas”, subrayó Abbott.
En la documentación presentada, Abbott enfatizó que los hospitales deben informar a los pacientes que su respuesta sobre la situación migratoria no afectará la atención médica recibida. Los datos recopilados deberán ser enviados a la HHSC cada tres meses.
Esta nueva iniciativa llega en un contexto donde Texas ya ha instalado una tercera barrera de alambre de navajas en el río Grande, medidas que han sido calificadas de “inhumanas” por activistas de derechos migrantes, quienes argumentan que afectan gravemente a los grupos más vulnerables, incluidos los niños.
