Esuatini confirmó por primera vez el lunes que recibió más de 5 millones de dólares de Estados Unidos a cambio de aceptar a decenas de personas expulsadas en el marco de la campaña de deportaciones masivas de Washington.
Este pequeño reino del sur de África ha acogido a 15 hombres desde que la administración Trump llegó a acuerdos, en gran parte secretos, con al menos cinco países africanos para que aceptaran a migrantes deportados de Estados Unidos.
Un documento revelado por Human Rights Watch en septiembre y al que tuvo acceso AFP indica que Esuatini acordó acoger a 160 deportados a cambio de 5,1 millones de dólares para «desarrollar su capacidad de gestión fronteriza y migratoria».
Preguntado en el Parlamento sobre el acuerdo, el ministro de Finanzas, Neal Rijkenberg, confirmó que el gobierno había recibido los 5,1 millones de dólares.
«Cuando preguntamos, nos dijeron que era para los deportados de Estados Unidos», afirmó, y añadió que el ministerio había sido mantenido al margen durante todo el proceso.
No quedó claro de inmediato quién en Esuatini firmó el acuerdo con Estados Unidos.
Un primer grupo de cinco hombres llegó en julio a bordo de un avión militar estadounidense fletado, y a principios de octubre se recibió un segundo grupo.
Washington tildó a algunos de «monstruos depravados» condenados por delitos que incluyen violación y asesinato de niños.
Según sus abogados, están detenidos sin cargos en el centro penitenciario de máxima seguridad de Matsapha, conocido por albergar a presos políticos.
Entre ellos se encuentra el cubano Roberto Mosquera del Peral, quien llegó en julio a Esuatini. La semana pasada, varias fuentes de la prisión afirmaron que seguía en huelga de hambre, que habría iniciado a mediados de octubre.
Otro de los deportados, un jamaicano de 62 años, fue devuelto a su país en septiembre.
Abogados y grupos de la sociedad civil de Esuatini acudieron a los tribunales para impugnar la legalidad de las detenciones.
Anteriormente conocido como Suazilandia, el país es la última monarquía absoluta de África. Está gobernado por el rey Mswati III desde 1986 y su gobierno ha sido acusado de violaciones de los derechos humanos.
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