ALTAMIRA, Tamaulipas – Una compleja y millonaria red de corrupción dedicada al “huachicol fiscal”, que operaba en la aduana de Tampico, Tamaulipas, fué revelada gracias a la confesión de su exdirector, quien ahora funge como testigo protegido de la Fiscalía General de la República de México (FGR).
El exdirector declaró que durante su tiempo en la red conocida como Los Primos distribuyó al menos 24.5 millones de pesos en sobornos a funcionarios federales, entre ellos al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien hoy fué encontrado sin vida dentro de un vehículo.
El capitán Ramírez, era titular de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas. Según se informó, el oficial, quien tenía una herida de bala, estaba bajo investigación por presuntos nexos con una red de robo de combustible, conocida como ‘huachicol’.
Pérez Ramírez había sido señalado por el exdirector de aduanas de Tampico como parte de una red criminal liderada por los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Los diarios Milenio y Reforma, detallaron un esquema de sobornos millonarios que presuntamente involucra a altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales.
La operación, que, según el testimonio, se extendió por casi dos años, permitía el atraque de buques cargados con millones de litros de combustible ilegal. Milenio detalla que por cada barco que atracaba, se pagaba una “cuota” de un millón 750 mil pesos que se repartía en sobornos. Para no ser descubiertos, los manifiestos de carga se falseaban para declarar que los navíos transportaban “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
La Secretaría de Marina (Semar) lamentó la muerte de su elemento en un comunicado, ofreciendo condolencias a la familia y reiterando su colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación, ya que el incidente ocurrió en una zona federal.
Mientras tanto, el puerto de Altamira permanece bajo estrictas medidas de seguridad, y las investigaciones continúan a cargo de la FGR y de la propia Secretaría de Marina.
