Buenos Aires, Argentina.- El Gobierno nacional anunció este viernes el inicio formal del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa estatal responsable del servicio de agua potable y saneamiento en el país. La medida se enmarca dentro del programa de reformas estructurales impulsado por la administración del presidente Javier Milei.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, donde se precisó que se habilitará una licitación pública para la adquisición de acciones, abierta tanto a inversionistas nacionales como internacionales.
El esquema prevé que el Estado transfiera el 90 % de sus acciones a capitales privados, mientras que el 10 % restante quedará en manos de los empleados de la compañía, mediante el programa de propiedad participada. Adorni calificó la medida como un paso decisivo:
“Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA”, expresó el portavoz.
El proceso estará supervisado por la Comisión Nacional de Valores y se ajustará a normas internacionales de transparencia y control.
El Ejecutivo fundamenta la decisión en la necesidad de modernizar el sector y aliviar la carga fiscal del Estado. Según datos oficiales, desde su reestatización en 2006, AySA recibió más de 13.400 millones de dólares en transferencias del Tesoro Nacional.
“Durante la gestión estatal se produjo un fuerte deterioro en la infraestructura y los costos operativos se dispararon. La dotación creció un 90 % y la morosidad escaló al 16 %”, agregó Adorni.
Desde la asunción de Milei, la empresa ha reducido su nómina en más de 1.400 empleados, principalmente a través de planes de retiro voluntario. Además, el gobierno ha cuestionado el desempeño de administraciones anteriores, señalando que más de 4.800 millones de dólares fueron destinados a la empresa sin mejoras significativas en el servicio.
La privatización de AySA se inscribe dentro de la ley Bases, sancionada en junio de 2024, que habilita la venta de empresas públicas estratégicas como parte del plan para reducir el tamaño del Estado y abrir sectores clave a inversión privada.
