La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el lunes a los tribunales inferiores revisar un par de leyes impulsadas por los congresistas republicanos que imponían restricciones a la moderación del contenido de las redes sociales, en una decisión bien recibida por el sector tecnológico.
Los grupos comerciales del sector habían desafiado las leyes aprobadas por los republicanos conservadores en los estados de Florida (sudeste) y Texas (sur) en un intento por frenar lo que, según ellos, era un sesgo político por parte de las principales plataformas.
La Corte Suprema rechazó pronunciarse sobre si era constitucional que los estados aprobaran leyes que limitaran los poderes de las empresas de redes sociales para moderar su contenido, dejando las dos leyes en el limbo mientras en tribunales de menor rango las analizan.
En el caso de Florida, la medida prohíbe a las redes sociales extraer contenido de políticos, una ley que se aprobó después de que el expresidente (2017-2021) y actual candidato presidencial Donald Trump fuera suspendido de Twitter y Facebook tras la violenta invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de una multitud de sus partidarios.
La ley aprobada en Texas, impide que los sitios extraigan contenido basado en un «punto de vista» y también pretende frustrar lo que los conservadores ven como censura por parte de plataformas como Facebook y YouTube contra las ideas de derecha.
Ninguna de esas dos leyes entró en vigor aún debido al litigio, que se desató al oponerse las asociaciones que representan a las grandes empresas tecnológicas, la Computer & Communications Industry Association (CCIA) y NetChoice.
Ambas organizaciones argumentan que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense permite a las plataformas tener la libertad de manejar el contenido como más les plazca.
«Nos alienta que una mayoría de la Corte haya dejado claro que el gobierno no puede inclinar el debate público en la dirección que le favorece», dijo el presidente de la CCIA, Matt Schruers, en un comunicado.
«No hay nada más orwelliano que el intento de un gobierno de dictar qué discurso se debe difundir, ya sea en un periódico o un sitio de redes sociales», destacó.
La decisión de la Corte Suprema también fue bien recibida por los grupos de defensa del sector tecnológico.
«El gobierno no tiene el derecho de imponer reglas sobre cómo empresas como Meta y Google deben actuar» en la moderación de contenidos, opinó Nora Benavidez, asesora principal del organismo de control Free Press.
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