El Congreso salvadoreño, dominado por aliados del gobierno de Nayib Bukele, decidió este miércoles no apoyar una propuesta de reforma a la ley que avale en algunos casos el aborto, completamente prohibido y severamente castigado en el país.

“Es inconstitucional estar queriendo aprobar una reforma que garantice o genere la despenalización del aborto”, señaló la diputada Marcela Pineda del mayoritario partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Recientemente Bukele retiró de una propuesta de reforma constitucional, elaborada por su gobierno, la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico.

Tras esa decisión, un total de 75 de los 84 diputados decidieron considerar “desfavorable” la petición de un colectivo feminista que en septiembre pasado presentó una propuesta de reforma al Código Penal.

Ese colectivo propuso “la posibilidad de interrumpir el embarazo para salvar la vida y salud de mujeres y niñas”, también “cuando se haya detectado una malformación fetal que sea incompatible con la vida extrauterina”, y por último, cuando el embarazo “sea resultado de violencia sexual”.

“Hemos legislado a favor de proteger la vida desde su concepción, eso establece la Constitución”, agregó la diputada de Nuevas Ideas Rebeca Santos.

En contraposición, la diputada del izquierdista y opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Dina Argueta, lamentó “el poco interés en dar a las mujeres un derecho”.

“No considerar el aborto en causales específicas es violentarles derechos, pues se les obliga a aceptar situaciones que, muchas veces, les pone en peligro su vida”, sostuvo Argueta.  

Esta es no es la primera vez que el Congreso salvadoreño rechaza apoyar una reforma al Código Penal para que se despenalice el aborto como han solicitado insistentemente organizaciones feministas.

En mayo pasado, los diputados decidieron mandar al archivo otra iniciativa que en el mismo sentido pedía despenalizar el aborto en ciertas circunstancias.

La legislación salvadoreña prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta ocho años de cárcel. Fiscales y jueces tipifican algunos casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, penado con hasta 50 años de prisión.

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