Estados Unidos y nueve países latinoamericanos rechazaron el martes la orden de arresto dictada por un tribunal de Venezuela contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude y reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio.
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay «rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto» emitida el lunes contra González Urrutia, señaló un comunicado conjunto difundido por la cancillería ecuatoriana.
Luego, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo por la red social X que Washington se suma «a la creciente lista de aliados internacionales que condenan» la «orden de detención injustificada» del opositor venezolano.
La fiscalía venezolana pidió el arresto de González Urrutia por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo «desobediencia de leyes» y «conspiración».
La oposición venezolana asegura que González Urrutia fue el ganador de las presidenciales y publicó en una página web copia de más de 80% de las actas de votación, según las cuales habría obtenido una mayoría contundente.
Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González Urrutia, de 75 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio.
El Consejo Nacional Electoral, en cambio, proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto para un tercer periodo con 52% de los votos, pero no ha divulgado el escrutinio detallado. La oposición acusa a ese organismo de servir al gobierno.
«En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que le derrotó abrumadoramente en las urnas», sostuvo Nichols.
Entretanto, las nueve naciones latinoamericanas señalaron que el pedido de aprehensión «cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política».
«En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales», añadieron.
Además se comprometieron a unir fuerzas para «exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad» de González Urrutia.
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