Estados Unidos y la Unión Europea cuestionaron la designación por cuatro años más de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, quien rechazó los señalamientos de corrupción en su contra y aseguró que no permitirá injerencia extranjera en su gestión.

Porras, en el cargo desde 2018, permanecerá como jefa del Ministerio Público hasta 2026 por decisión del presidente Alejandro Giammattei, quien aseguró que la fucionaria recibió las más altas calificaciones de la comisión que evaluó a los candidatos para el puesto. 

Ni bien se divulgó la noticia, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, aseguró el lunes que durante la gestión de Porras hubo un “patrón de obstrucción” a investigaciones de corrupción. “Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”, dijo Blinken.

En tanto, este martes la Unión Europea (UE) lamentó “la decisión” del presidente de volver a nombrar” a Porras debido a que “suscita preocupación sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir a la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial”. 

La UE aseguró que bajo “la supervisión de esta Fiscal General, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel”, algunos detenidos.

La fiscal general Guatemala, Consuelo Porras, el 6 de abril de 2022 en Ciudad de Guatemala / AFP

-No injerencia-

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el ministerio público de Guatemala aseguró que “la fiscal general no acepta ningún tipo de injerencia ni presión y continuará trabajando de manera objetiva e imparcial velando por el estricto cumplimiento de la ley”.

“El MP es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún entidad internacional”, agregó el mensaje, en respuesta directa al comunicado de Blinken, cuyo despacho ya había señalado a Porras desde setiembre de 2021 en una lista de “actores corruptos” elaborada por Washington.

Tanto Porras como sus familiares directos quedaron inelegibles para ingresar a Estados Unidos. También fue sancionado su esposo.

Por su parte, el presidente Giammattei defendió su decisión. “Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir, según nuestra Constitución (…) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”, manifestó.

Al asumir para el período 2022-2026, Porras dijo que trabajará “sin sesgos ni ideologías” y que fue objeto de “ataques” de “personas que buscan una justicia parcializada”.

Tanto el mandatario como la fiscal, coincidieron que la institución estaba cooptada por sectores que se oponen a la justicia imparcial.

– Bajo sanción-

El gobernante se comprometió a fortalecer la Fiscalía con el objetivo “que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica”.

Antes del nombramiento, durante el informe sobre sus primeros cuatro años (2018-2022), Porras aseguró que una prioridad de su administración “ha sido la lucha contra la corrupción”.

Durante su primer período Porras fue blanco de críticas de organismos de derechos humanos, sociedad civil, gremios estudiantiles, indígenas y campesinos que la acusan de favoracer los intereses de grupos de poder y del mismo presidente.

El Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores. 

Para los acusados, esas detenciones son una “venganza” contra quienes lucharon contra la corrupción. La Fiscalía rechaza esas acusaciones.

Entre los aprehendidos figuran ex miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, que funcionó entre 2007 y 2019.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI y considerado como un “campeón anticorrupción” por Washington.

Sandoval está exiliado en Estados Unidos, tras denunciar amenazas contra su vida.

“Esto forma parte de un patrón más amplio de intimidación y acoso que ha llevado a más de 20 de estos operadores de justicia a abandonar el país”, lamentó la UE.

Sandoval dijo en marzo a la AFP que su separación del cargo ocurrió tras conocerse que contaba con información “de un posible soborno de empresarios” rusos al presidente Giammattei para operar un puerto sobre el Caribe.

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