El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este martes que las próximas elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre de 2024 con observadores internacionales como la Unión Europea, pero sin dejar espacio para que inhabilitados políticos puedan postularse.
En el documento, suscrito en Barbados dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega, la delegación del presidente Nicolás Maduro y la llamada Plataforma Unitaria proponen «que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional».
La fecha de las elecciones la define el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya directiva fue renovada en agosto.
El documento pide una actualización del registro electoral, incluido en el extranjero, una petición de la oposición, y que se inviten a «misiones técnicas de observación electoral».
Entre ellas, la Unión Europea, muy criticada por el chavismo tras su observación en las regionales de 2021, el panel de expertos electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
El proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora Plataforma Unitaria comenzó en agosto de 2021 y desde entonces fue interrumpido en dos oportunidades, la última en noviembre de 2022, luego de que la delegación de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.
«Este el primer paso de un acuerdo mucho más amplio que está en plena evolución su construcción y su ejecución», celebró el jefe de la delegación gubernamental Jorge Rodríguez.
«Hoy firmamos un importante acuerdo, damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto», señaló por su parte Gerardo Blyde, representante de la oposición.
– Inhabilitados contra las cuerdas –
Un punto que quedó sin resolver fue el relacionado con las inhabilitaciones políticas, bandera para la oposición que las tacha de inconstitucionales.
El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos «siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana».
De esta forma, María Corina Machado, la favorita a ganar las primarias de la oposición, el domingo, no podría formalizar su candidatura contra Maduro pues sobre ella pesa una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.
Jorge Rodríguez (centro), junto a Nicolás Maduro Guerra (segundo a la derecha), hijo del presidente venezolano, a su llegada al Aeropuerto Internacional Grantley Adams, en Barbados, 17 de octubre de 2023.
Blyde habló de «una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad», pero Rodríguez fue tajante en cerrar la puerta.
«Si usted cometió un crimen y fue sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato, y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde que es la Contraloría, pues tampoco puede ser candidato», zanjó.
Mariano de Alba, asesor senior del International Crisis Group, dijo a la AFP que era «improbable que las inhabilitaciones fueran resueltas».
– Sanciones y petróleo –
Rodríguez remarcó que el «objetivo supremo» del gobierno en las negociaciones es «el levantamiento de las sanciones».
La reanudación del acuerdo coincidió con un acuerdo entre Maduro y Washington para deportar a venezolanos indocumentados, pese a no reconocerlo formalmente como presidente, y en vísperas de las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre.
El documento de este martes contempla respetar los procesos de elección interna.
Funcionarios estadounidenses viajaron a Barbados para reunirse con representantes de ambas delegaciones.
Washington -que tiene canal directo con Maduro- ha flexibilizado el embargo energético impuesto en 2019 con licencias que permiten operar a algunas petroleras como la gigante Chevron.
E insiste en que acuerdos para las elecciones de 2024 ayudarían a levantar más medidas punitivas.
«A Estados Unidos le interesa normalizar un poco las relaciones, no tanto por incentivos políticos, sino más que todo en beneficio a su interés nacional, que es absolutamente económico», señaló por su parte el consultor político Pablo Quintero.
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