Washington, DC.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una declaración oficial en respuesta a las recientes denuncias sobre presuntos abusos cometidos contra mujeres embarazadas y niños migrantes en centros de detención bajo su custodia.
La subsecretaria Tricia McLaughlin calificó las acusaciones como falsas y basadas en información inexacta, asegurando que las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) operan bajo estándares superiores a los de muchas prisiones que albergan ciudadanos estadounidenses.
Según el comunicado publicado por el DHS, todos los migrantes detenidos reciben atención médica integral, alimentación adecuada y acceso a comunicación con familiares y abogados. McLaughlin también advirtió que las denuncias no solo carecen de fundamento, sino que han generado un aumento preocupante en las agresiones contra agentes del ICE.
La respuesta del departamento se centró en desmentir las principales afirmaciones contenidas en un informe presentado por el senador Jon Ossoff, quien denunció presuntos casos de maltrato en centros de detención migratoria. En relación con la supuesta obstrucción a la supervisión del Congreso, el DHS aclaró que ni el senador ni su equipo han sido impedidos de ingresar a las instalaciones, y que durante sus visitas no se registraron quejas formales.
Respecto a las denuncias sobre maltrato infantil y negación de atención médica, el DHS aseguró que existe un protocolo estricto que contempla evaluaciones médicas completas y atención las 24 horas para todos los menores bajo custodia, en muchos casos superior a la que recibían antes de ser detenidos. En cuanto a las mujeres embarazadas, se indicó que reciben controles prenatales regulares, apoyo nutricional y servicios de salud mental. Además, se subrayó que no es común la detención de mujeres en estado avanzado de gestación y que en ningún caso se les ha obligado a dormir en el suelo.
Finalmente, el departamento enfatizó que las instalaciones del ICE son auditadas de forma regular y cumplen con rigurosos estándares nacionales, lo que garantiza una alimentación adecuada certificada por nutricionistas y acceso permanente a cuidados médicos para todos los detenidos.
