Washington, D.C.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes una demanda contra el estado de Colorado y su ciudad más grande, Denver, acusándolos de interferir con los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La acción legal constituye uno de los movimientos más recientes del gobierno del presidente Donald Trump para promover medidas de control migratorio más estrictas en ciudades y áreas que adoptan políticas conocidas como «santuario«.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Denver, sostiene que Colorado y Denver han aprobado leyes y políticas que violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, argumentando que el gobierno federal tiene autoridad preeminente para regular asuntos migratorios.
El documento afirma que las políticas de «ciudades santuario» limitan la cooperación local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que tiene la responsabilidad federal de hacer cumplir las leyes migratorias en todo el país, incluyendo deportaciones a gran escala y la identificación de personas solicitadas por el gobierno federal.
El Departamento de Justicia ha presentado casos similares contra Chicago y Rochester, Nueva York.
En la demanda, los abogados del gobierno alegan que las políticas migratorias de Colorado permitieron que la pandilla venezolana Tren de Aragua tomara control de un complejo de apartamentos en Aurora, suburbio de Denver. Aunque funcionarios locales han señalado que las declaraciones del expresidente Trump sobre el control de la pandilla en grandes áreas de la ciudad están exageradas, admitieron que el complejo sufrió intimidación, incluso por individuos vinculados a dicha organización criminal.
La lista de demandados incluye al gobernador demócrata Jared Polis, el Congreso estatal, el alcalde de Denver, Mike Johnston, y el fiscal general de Colorado, Phil Weiser.
El portavoz de Polis, Conor Cahill, afirmó que Colorado no se considera un estado santuario y que mantiene colaboración frecuente con agencias policiales en todos los niveles. Además, expresó que acatarán cualquier fallo judicial que determine la invalidez de las leyes en cuestión, y que no comentarán sobre los méritos de la demanda en ese momento.
El caso refleja la tensión política entre la administración federal y las autoridades locales por las políticas migratorias, con legisladores republicanos en el Congreso presionando a alcaldes de ciudades gobernadas por demócratas para que cooperaran con la agenda del control migratorio. Recientemente, alcaldes de ciudades como Denver, Boston, Nueva York y Chicago comparecieron ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, defendiendo sus políticas de acogida y solicitando una reforma migratoria a nivel nacional.
