Illinois.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el Estado de Illinois, cuestionando la legalidad de una ley estatal que permite a estudiantes inmigrantes indocumentados acceder a matrícula estatal reducida y becas universitarias. Según las autoridades federales, esta política vulnera los derechos de los ciudadanos estadounidenses al ofrecer beneficios exclusivos a quienes no tienen estatus legal en el país.
La acción legal fue interpuesta el pasado 2 de septiembre ante el Tribunal del Distrito Sur de Illinois, e involucra al gobernador J.B. Pritzker, al fiscal general estatal y a las juntas directivas de las universidades públicas. El objetivo de la demanda es frenar la aplicación de las leyes estatales que, según el gobierno federal, contradicen la legislación nacional y la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
“Estas leyes discriminan inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses, quienes no reciben las mismas tasas de matrícula ni becas”, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado oficial. La fiscal general Pamela Bondi agregó que “las instituciones educativas no pueden otorgar beneficios a inmigrantes indocumentados que no estén disponibles para los ciudadanos del país”.
El fiscal federal Steven D. Weinhoeft, del Distrito Sur de Illinois, fue más contundente en sus declaraciones, calificando al estado como “el principal santuario del país” y criticando lo que considera una política que incentiva la inmigración ilegal a costa del contribuyente. “Los ciudadanos de Illinois merecen algo mejor”, afirmó.
Esta demanda se enmarca en una serie de acciones similares emprendidas por el Departamento de Justicia en otros estados como Texas, Kentucky y Minnesota, donde se han eliminado beneficios educativos para estudiantes sin estatus legal. Las autoridades federales argumentan que estas medidas buscan garantizar un trato equitativo para los ciudadanos estadounidenses.
El caso también se relaciona con dos órdenes ejecutivas firmadas previamente por el presidente Donald Trump, orientadas a limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a beneficios financiados por los contribuyentes y a reforzar la protección de las comunidades frente a políticas locales que favorecen a extranjeros sin documentación.
La controversia ha generado un intenso debate sobre el acceso a la educación superior, los derechos de los inmigrantes y el papel de los estados frente a la legislación federal.
