Nashville, Tennessee.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes un acuerdo con las Escuelas Públicas de Metro Nashville (MNPS) tras una investigación que reveló presuntas violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) durante el ciclo escolar 2023–2024.
El caso se originó cuando los padres de un estudiante del Centro de Aprendizaje Temprano Ross solicitaron que el personal escolar monitoreara el dispositivo de control de glucosa de su hijo, diagnosticado con diabetes tipo 1. Según los hallazgos de la investigación, la escuela se negó a realizar el monitoreo, lo que obligó a los padres a vigilar los niveles de azúcar de forma remota y, en ocasiones, acudir de urgencia al plantel cuando los valores se tornaban peligrosos.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos señaló que, en ese momento, la enfermera del centro educativo se retiraba después del almuerzo, dejando al estudiante sin supervisión médica directa durante parte del día escolar.
Como parte del acuerdo, MNPS se comprometió a modificar sus políticas para permitir el uso de monitores continuos de glucosa, garantizar que personal capacitado esté disponible para supervisarlos durante toda la jornada escolar y en actividades extracurriculares, y mejorar la comunicación con las familias. Además, el distrito acordó pagar $1,000 a la familia afectada, sin admitir responsabilidad legal.
En respuesta al acuerdo, MNPS emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso con la salud y seguridad de sus estudiantes:
“Metro Schools se toma en serio la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, y apreciamos la oportunidad que brindó este proceso para revisar y fortalecer nuestras políticas y capacitación relacionadas con el monitoreo continuo de glucosa para estudiantes con diabetes tipo 1. Cooperamos plenamente con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para resolver el asunto de manera rápida y voluntaria. Esta resolución nos permitió aclarar procedimientos, mejorar la capacitación del personal y garantizar que nuestras prácticas se alineen con las necesidades de los estudiantes y las familias. En última instancia, esta fue una situación específica que involucró a un estudiante y no reflejó un problema sistémico más amplio en nuestras escuelas.”
El Departamento de Justicia destacó que este acuerdo busca reforzar el cumplimiento de los derechos de estudiantes con condiciones médicas crónicas y garantizar que las instituciones educativas respondan adecuadamente a sus necesidades.
