El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo reafirmaron su mando absoluto en Nicaragua con la ratificación de una reforma constitucional que les permite controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
La reforma fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento y establece que el mandato de gobierno se extiende de cinco a seis años, elevando a Murillo de vicepresidenta a “copresidenta”.
La reforma, que fue ratificada por “unanimidad” en un Congreso dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), estipula que los copresidentes coordinarán los órganos legislativo, judicial y electoral, los cuales anteriormente eran reconocidos como poderes independientes. Esta medida ha sido calificada por críticos como una señal alarmante de la consolidación de una “dictadura familiar”.
Destitución del Estado de Derecho
El abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU, afirmó que estos “cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales” en Nicaragua. Con esta reforma, Ortega estará en el poder hasta 2028, tras la aprobación de una moción que hace retroactiva la norma sobre el mandato.
El nuevo marco constitucional define a Nicaragua como un Estado “revolucionario” y “socialista”, incorporando la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio. Murillo destacó la aprobación como un “modelo de democracia directa”, a pesar de las crecientes críticas a nivel internacional.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” respecto a cómo la reforma profundiza los retrocesos en libertades civiles y políticas en el país.
Represión Tras las Protestas de 2018
Desde las protestas de 2018, que resultaron en más de 320 muertes, según la ONU, Ortega y Murillo han intensificado el control sobre la sociedad nicaragüense. El régimen considera las protestas como un intento de golpe de estado patrocinado por EE. UU. La reforma también autoriza al Estado a vigilar a la prensa y la Iglesia, asegurando que no respondan a “intereses extranjeros”.
Adicionalmente, la reforma oficializa el retiro de la nacionalidad a quienes son considerados “traidores a la patria”. Esto hace eco del tratamiento que ha recibido una serie de críticos y opositores en los últimos años.
Una de las medidas más controvertidas es la creación de una “Policía Voluntaria”, compuesta por civiles, como un “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad. Desde enero, más de 15,000 civiles han sido juramentados por las autoridades como “policía voluntaria” en el contexto de una creciente represión del gobierno contra opositores.
La Constitución de 1987 ha sido reformada en numerosas ocasiones para consolidar el poder de Ortega, incluyendo la introducción de la reelección presidencial indefinida.
