Washington, DC.- La Corte Suprema de EE. UU. emitió este viernes una decisión de 6-3, marcada por líneas ideológicas, que habilita la puesta en marcha de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual limita la ciudadanía por nacimiento en ciertas regiones del país.
La resolución, sin embargo, restringe la capacidad de los jueces para bloquear las políticas del gobierno federal a nivel nacional, en una medida que podría tener implicaciones duraderas en la lucha legal sobre el tema.
La decisión estableció que tres jueces federales de distrito actuaron de manera excesiva al emitir órdenes judiciales que impedían la aplicación de la decreto presidencial en todo el país, recuperando así una herramienta jurídica fundamental que los demandantes habían utilizado para frenar la agenda de Trump en varias demandas.
La jueza Amy Coney Barrett, en nombre del bloque mayoritario, afirmó que estas medidas cautelares universales probablemente superan los límites de la autoridad que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales. Sin embargo, la Corte no emitió una definición definitiva acerca de la constitucionalidad de las restricciones de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, una cuestión que aún podría ser revisada en instancias judiciales superiores.
Por el momento, el fallo reduce los obstáculos legales existentes, permitiendo que las órdenes de los tribunales inferiores solo bloqueen la aplicación en los 22 estados gobernados por demócratas, así como en casos relacionados con mujeres embarazadas y organizaciones de inmigración que han presentado demandas contra la orden.
La decisión habilita a la administración de Trump a reanudar el proceso para desarrollar y aplicar la directriz que implemente la orden, aunque debe esperar 30 días antes de intentar negar la ciudadanía a cualquier persona nacida en EE. UU. La mayoría de los jueces también dejó la posibilidad abierta para que los demandantes puedan intentar nuevas acciones legales colectivas en el futuro.
“Ningún derecho está a salvo en este nuevo marco legal”, advirtió la jueza Sonia Sotomayor, quien estuvo acompañada por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en su disidente. Sotomayor expresó preocupación por el impacto de la decisión en la ciudadanía por nacimiento, y advirtió que “mañana, un gobierno diferente podría intentar retirar derechos fundamentales, como la posesión de armas o la libertad de reunión religiosa”. La jueza leyó en voz alta su disenso, una acción reservada para casos de especial relevancia que busca expresar su desacuerdo profundo.
Firmada en su primer día en el cargo, la orden de Trump restringía la ciudadanía de los niños nacidos en suelo estadounidense si no tenían al menos un padre con estatus legal permanente, interpretando de forma significativa la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, que tradicionalmente ha sido aplicada con una visión limitada a excepciones muy específicas.
Todos los tribunales que han evaluado la legalidad de esta orden — incluyendo cortes en Maryland, Seattle y Boston — han considerado que probablemente viola la Constitución. Ahora, los casos vuelven a los tribunales inferiores para procedimientos adicionales, en medio del proceso de entrada en vigor parcial de la orden.
En una medida poco común, la Corte Suprema aceptó escuchar los argumentos orales en mayo, en una sesión especial que ocurrió fuera del calendario habitual, tras recibir solicitudes de emergencia relacionadas con la orden. Esta decisión refleja la relevancia y la controversia en torno a la cuenta judicial.
Desde que tomó posición en la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha denunciado una creciente serie de órdenes judiciales que, según asegura, limitarían su autoridad en temas clave como la ciudadanía y los derechos migratorios.
