La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes que examinará si impide que siga adelante una demanda de México contra los fabricantes de armas, a los que el gobierno mexicano acusa de facilitar el flujo hacia los cárteles de la droga.
México libra una guerra judicial contra fabricantes de armas estadounidenses desde 2021.
Ese año demandó a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio «negligente e ilícito» alienta el narcotráfico y la violencia en el país. Les reclama 10.000 millones de dólares.
Smith & Wesson e Interstate Arms han solicitado amparo a la Corte Suprema para intentar que se desestime la demanda del gobierno mexicano.
Un juez federal desestimó el caso en 2022 alegando que las reclamaciones de México tropezaban con las salvaguardias que protegen legalmente a los fabricantes de armas de fuego estadounidenses por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
Esta ley, aprobada por el Congreso en 2005, exime a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Un tribunal de apelación resucitó el caso, citando una excepción a la ley.
Según el gobierno mexicano, entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos.
México asegura que entre el 70% y el 90% de las armas encontradas en las escenas de crímenes proceden de Estados Unidos. En su territorio es muy difícil comprarlas legalmente.
El país latinoamericano ha registrado más de 340.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
Siempre que puede el gobierno mexicano insiste a Washington que este problema es una prioridad.
El gobierno del presidente demócrata estadounidense Joe Biden le da la razón. El fiscal general Merrick Garland lo ha calificado de «reto acuciante», junto con el tráfico de fentanilo y de migrantes.
– Trasiego de armas –
El Congreso estadounidense también lo considera prioritario. Varios senadores demócratas han impulsado un proyecto de ley contra el trasiego de armas en todo el continente americano.
La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras convirtió el tráfico de armas de fuego en un delito federal, pero el gobierno «puede hacer más para combatir a los traficantes y garantizar que las armas ilegales no terminen en manos de pandillas y cárteles», opinó en junio el senador demócrata Chris Murphy.
Se desconoce qué hará el expresidente republicano Donald Trump si gana las elecciones del 5 de noviembre, que disputa a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.
El equipo de campaña del millonario, que ha sufrido dos intentos de asesinato en el espacio de dos meses, defiende a ultranza el derecho de portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En este país hay más armas en circulación que personas, un caso único en el mundo.
La Corte Suprema estadounidense examinará el caso durante su mandato, que comienza el lunes, y tomará una decisión antes del próximo verano boreal.
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