El gobierno de Colombia acordó un cese al fuego de seis meses con los cinco principales grupos armados que operan en el país, anunció el presidente, Gustavo Petro, en la víspera del Año Nuevo.

La tregua bilateral era el principal objetivo trazado por el gobierno como parte de su política de «paz total», con la que pretende extinguir mediante el diálogo el conflicto armado de seis décadas, que persiste pese a la disolución de la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. 

«Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones», indicó el mandatario izquierdista el sábado en un tuit.

«El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional», añadió a continuación el mandatario, que calificó el pacto como un «acto audaz».

La última insurgencia reconocida del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), negocia con el gobierno desde noviembre.

De su lado, los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central -que se apartaron del pacto de paz firmado por la FARC-sostenían «diálogos exploratorios» por separado con delegados de Petro.

Lideradas en el pasado por el capo Otoniel, extraditado a Estados Unidos, las AGC son la mayor banda narco del país. Al igual que las Autodefensas de la Sierra Nevada, están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década de 2000.

– Diez mil hombres armados –

Todos estos grupos suman más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo.

La política de «paz total» se convirtió en ley en noviembre, luego de que el Congreso de mayoría oficialista respaldara la ambiciosa propuesta de Petro para dialogar con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar con miras a desactivar el conflicto.

El gobierno ofrece un «tratamiento benévolo desde el punto de vista judicial» para los actores armados «a cambio de una entrega de bienes, un desmantelamiento de esas organizaciones y la posibilidad de que dejen de ejercer esas economías ilícitas», dijo recientemente el senador oficialista Iván Cepeda a la AFP.

AFP
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ofrece un discurso durante un acto militar en la escuela militar Jose María Córdova en Bogotá, el 17 de diciembre de 2022

El partido opositor Centro Democrático, del expresidente derechista Álvaro Uribe, ha calificado la propuesta de «paz total» de «apología a la criminalidad y a la impunidad».

Aunque el histórico acuerdo de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) transformó en partido político a la guerrilla más poderosa del continente, el conflicto sigue luego de seis décadas y más de nueve millones de víctimas. 

Las desaparecidas FARC fueron reemplazadas por una proliferación de nuevas organizaciones, sin margen de negociación hasta la llegada de Petro.

A pesar de los acercamientos con los distintos grupos armados, hasta ahora Petro no ha logrado contener la espiral de violencia que envuelve al país. El centro de estudios independiente Indepaz registró casi un centenar de masacres en 2022.

jss/dbh/ll

© Agence France-Presse