Washington, DC.- El presidente Donald Trump ordenó recientemente reclasificar la marihuana a la «Categoría III», retirándola del grupo de drogas más restrictivas como la heroína. Aunque esta medida no legaliza el cannabis a nivel nacional ni anula las leyes estatales, reconoce formalmente su potencial uso médico.
Este cambio elimina barreras burocráticas que durante décadas obstaculizaron la investigación científica, permitiendo ahora que expertos analicen los beneficios de la planta sin las severas limitaciones administrativas del pasado.
En el Capitolio de Tennessee, la noticia ha sido recibida con cautela por los líderes republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton, señaló que la transición federal genera interrogantes logísticas complejas. Según Sexton, el estado ahora debe debatir quién se encargará de la manufactura, las pruebas de calidad y la distribución del producto.
Además, subrayó la necesidad de definir qué enfermedades calificarían para el tratamiento y si se requerirá la aprobación estricta de la FDA.
Por su parte, el líder de la mayoría, William Lamberth, enfatizó que Tennessee mantendrá regulaciones estrictas sobre sustancias embriagantes para proteger la salud pública. Lamberth aseguró que cualquier ajuste en el marco legal estatal tomará en cuenta la evidencia científica que respalde el uso médico legítimo.
Sin embargo, reiteró que la prioridad del gobierno local sigue siendo proteger a las poblaciones vulnerables frente a lo que aún consideran sustancias potencialmente peligrosas bajo el ordenamiento estatal vigente.
Desde la oposición, la senadora demócrata London Lamar calificó la reforma como un paso necesario, aunque insuficiente. Lamar criticó las leyes actuales de Tennessee, describiéndolas como «ancladas en la edad oscura» y excesivamente punitivas en comparación con los estados vecinos. Para la senadora, la reforma del cannabis no es solo una cuestión de salud pública, sino también de libertad individual y responsabilidad fiscal, instando a sus colegas a seguir el ejemplo de Washington.
Finalmente, los defensores de la reforma argumentan que mantener la criminalización actual desvía fondos públicos hacia el sistema carcelario en lugar de invertirlos en infraestructura, educación y salud. Lamar señaló que el estado está perdiendo oportunidades de crecimiento económico y recaudación de impuestos que otros territorios ya aprovechan. La presión sobre la Asamblea General aumenta, enfrentando el reto de decidir si Tennessee se abrirá a un mercado médico regulado o mantendrá su postura prohibicionista.
