El camionero Edward Martínez lleva 16 días varado en una ruta de la provincia de Chiriquí, la mayor productora agrícola de Panamá, bloqueada por manifestantes que protestan contra la operación en el país de una mina de cobre a cielo abierto.
«Es una tragedia lo que está ocurriendo aquí, algo muy duro, algo que no se lo deseo a nadie», dice a la AFP el transportista de 42 años, cuyo vehículo es uno de los más de 300 camiones bloqueados en la ruta Interamericana cerca de Silimín, 450 km al oeste de la capital, en Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica.
Panamá vive su tercera semana de protestas luego de que el Congreso aprobara un polémico contrato entre el Estado y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
«Necesitamos nuestras familias, necesitamos nuestros trabajos, estamos pasando un mal momento», sostiene Martínez, de pie junto a su furgón rojo.
«Aquí al gobierno no lo están molestando, están molestando al mismo pueblo. Deberían de protestar donde están ellos en la Asamblea [Nacional] por lo menos, o en la casa de los diputados o el presidente», agrega.
Los bloqueos han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible en Chiriquí, que produce el 80% de los vegetales que consume el país. Además, han provocado desabastecimiento de hortalizas y frutas en la capital y otras ciudades.
La tensión aumentó el martes cuando un hombre de 77 años mató a tiros a dos manifestantes en un bloqueo de ruta cerca de la capital. La semana pasada, en Chiriquí, otro falleció atropellado, en circunstancias confusas. Varias marchas y vigilias fueron convocadas para este miércoles en su memoria.
– «Nuestra tierra no se vende» –
Los transportistas varados comparten con colegas lo que tienen para comer y buscan la manera de pasar el tiempo, mientras esperan que se reanude el tránsito en la ruta Interamericana, que conecta Panamá con el resto de Centroamérica.
Varios conductores colgaron hamacas debajo de sus camiones para protegerse del sol y las lluvias tropicales.
«A nivel acá de Chiriquí, [siguen] muchos bloqueos porque la gente no está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo», asegura a la AFP el policía Feliciano Flores.
Algunos manifestantes sugirieron suspender temporalmente los bloqueos con fines «humanitarios», pero otros rechazan tal posibilidad.
«Nuestros hijos no se venden, nuestra tierra no se vende, nuestra ecología no se vende y nuestros ríos no se venden», resalta Clementina Pérez, líder indígena de la comarca Ngäbe-Buglé, en Silimín, al advertir que la protesta continuará.
– «El pueblo habló» –
Las protestas estallaron el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley del contrato minero que firmó en agosto el gobierno del presidente panameño, Laurentino Cortizo, el cual permite la operación del yacimiento por 40 años.
Para calmar el malestar popular, el Congreso aprobó el pasado viernes una moratoria de la minería metálica y acordó que se deje en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión final sobre el contrato.
Los grupos ambientalistas quedaron satisfechos con estas medidas, pero el sindicato de la construcción y gremios de maestros continuaron las protestas y bloqueos para exigir que el contrato sea anulado por ley.
En Chiriquí, cientos de conductores se abastecen de gasolina en la vecina Costa Rica, los productores de arroz aseguran que sus cultivos se están llenando de maleza y los vecinos se quejan de la escasez de gas para los hogares.
«El pueblo habló y la mayoría dijo (…) que no quiere minas en Panamá. Hacemos ese llamado que se hagan las aperturas [de rutas] y esperemos lo que establecerá la Corte. Las afectaciones son tremendas», dijo a la prensa Antonio Araúz, alcalde de David, ciudad cabecera de Chiriquí.
El gobierno panameño defiende el contrato argumentando que supone aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial de 1997, el cual fue declarado inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y en condiciones desfavorables para el país.
Advirtió también que el cierre de la mina hará perder 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además de asestar un duro golpe a la economía nacional en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
La minera canadiense, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Panamá, aporta el 5% del PIB del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año (75% de las exportaciones locales).
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