Un análisis realizado por BBVA Research señala que las políticas antiinmigrantes impulsadas por Donald Trump y su nueva administración en EE.UU. no tendrán un impacto significativo en el flujo de remesas que los migrantes envían a México.
Se estima que en 2024 estas remesas podrían alcanzar un nuevo máximo histórico de 65 mil millones de dólares.
El informe destaca que las remesas están más correlacionadas con la fortaleza de la economía estadounidense que con las políticas migratorias. Durante la presidencia de Trump (2017–2021), las remesas a México crecieron más del 50%, lo que sugiere que el mismo patrón podría repetirse en la actualidad.
BBVA explica que cualquier posible disminución en las remesas se asociaría principalmente a una desaceleración económica y menos oportunidades de empleo para los migrantes, no directamente a las políticas migratorias.
Actualmente, más de 12 millones de migrantes mexicanos residen en EE.UU., de los cuales 4.1 millones son indocumentados. Esta proporción indica que solo un tercio de los migrantes en EE.UU. carecen de documentación legal, lo que limita el efecto de eventuales deportaciones masivas en el flujo de remesas.
El análisis también resalta que una menor oferta laboral entre los migrantes podría contribuir a un aumento en los salarios de los trabajadores ya establecidos, lo que podría mejorar su capacidad para enviar remesas. Además, la dispersión geográfica de los migrantes haría difícil la implementación de operativos de deportación generalizados.
BBVA también señala que, aunque se ha observado una desaceleración en el envío de remesas desde finales de 2023, esto se debe a factores económicos como la estabilización del mercado laboral y la fluctuación del tipo de cambio, y no necesariamente al regreso de Trump o sus políticas.
Por último, el estudio indica que durante la primera gestión de Trump, se realizaron aproximadamente 300,000 deportaciones anuales, una cifra inferior a las 400,000 deportaciones que se registraron durante el primer mandato de Barack Obama.
Esto sugiere que, a pesar de la retórica en torno a las deportaciones masivas, su implementación podría ser inviable debido a los altos costos económicos y sociales.
