Managua, Nicaragua.- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves la nueva Ley Electoral, tras un proceso de análisis liderado por el presidente del organismo, Gustavo Porras, quien destacó que las modificaciones legales buscan defender la equidad de género en todos los aspectos del proceso electoral.
La nueva legislación establece que los partidos políticos nicaragüenses no podrán recibir financiamiento proveniente del extranjero. En su lugar, el Presupuesto General de la República garantizará el financiamiento de los procesos electorales.
Según el alto legislativo, este esquema de financiamiento interno permitirá que la conformación de los órganos electorales se rige por la equidad de género. Como ejemplo, la ley exige que «desde los candidatos, los partidos políticos o alianzas de partidos» propongan «un candidato a copresidente, acompañado de una candidata a copresidenta».
Porras señaló a la prensa local que esta disposición se extiende al Consejo Supremo Electoral (CSE), que también deberá observar esta paridad de género, así como a las juntas directivas de los partidos políticos.
En cuanto a las implicaciones de la aprobación de la ley, el legislativo enfatizó que no podrá ser magistrado «aquella persona que haya violado la Constitución, mucho menos los traidores de la patria». Asimismo, el período en los cargos electos se limita a 6 años, lo que requerirá la adecuación de toda la ley a este nuevo plazo.
Además, se incorporan los Centros de Votación y las Juntas Receptoras de Votos como órganos electorales. La ley prohíbe a los partidos políticos recibir fondos del exterior, mientras que el Presupuesto General de la República garantizará el financiamiento de los procesos electorales. Se permite la recepción de donaciones de personas naturales o jurídicas nicaragüenses residentes en el país.
La violación de esta norma podría acarrear la cancelación de la personería jurídica del partido infractor. Con esta medida, se busca evitar cualquier financiamiento de organizaciones externas, como USAID, que, según el gobierno, buscan la desestabilización de Nicaragua.
En cuanto a la identificación en el proceso electoral, se eliminan «por completo aquellos documentos supletorios» y solo se aceptará la cédula de identificación ciudadana. Cada Junta Receptora de Votos (JRV) deberá tener un máximo de 600 electores asignados.
