Boston, Massachusetts.- La orden emitida por el presidente Donald Trump para bloquear la entrada de estudiantes internacionales a Estados Unidos con el fin de asistir a Harvard está temporalmente en pausa luego de una audiencia celebrada este lunes.
Durante la reunión, un abogado de la universidad acusó al gobierno de usar a los estudiantes como “peones” en un juego político. La jueza federal Allison Burroughs, encargada del caso en Boston, decidió extender hasta el 23 de junio la suspensión de la proclamación de Trump mientras evalúa la petición de Harvard para obtener una orden judicial preliminar. La jueza tomó esta decisión en respuesta a la solicitud de la universidad, opositora a la medida del gobierno, que buscaba bloquear la aplicación de la orden.
Cabe recordar que Burroughs ya había emitido una restricción inicial el 5 de junio, que estaba prevista para expirar esta semana. Sin embargo, en esta audiencia, se acordó una extensión temporal para continuar analizando la situación. La acción de Trump fue tomada a principios de este mes, bajo la excusa de preocupaciones sobre la seguridad nacional, después de que el Departamento de Seguridad Nacional intentara revocar la autorización de Harvard para admitir estudiantes extranjeros en su campus de Cambridge, Massachusetts. La jueza también frenó esta última medida y decidió que se mantenga en suspenso hasta que se resuelva el caso.
Ian Gershengorn, abogado de Harvard, acusó directamente al gobierno de que “usa a los estudiantes internacionales de Harvard como peones”, y agregó que las acciones del gobierno han excedido sus poderes en un intento de represalia por la postura de la universidad frente a las demandas del Estado. “No hay ningún indicio que sugiera que Harvard represente un peligro”, afirmó Gershengorn.
La disputa entre Trump y Harvard viene desde hace meses, principalmente debido a una serie de enfrentamientos relacionados con quejas conservadoras sobre supuestas tendencias excesivamente liberales en la universidad y otros conflictos, como acusaciones de acoso dirigidas a estudiantes judíos. La administración Trump ha recortado más de 2.600 millones de dólares en fondos de investigación, cancelado contratos federales y ha amenazado con quitar su exención de impuestos a la institución.
La controversia escaló en abril, cuando la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigió a Harvard que entregara registros relacionados con actividades potencialmente peligrosas o ilícitas por parte de estudiantes extranjeros. La universidad afirmó haber cumplido con la solicitud, pero Noem consideró la respuesta insuficiente y en mayo revocó la certificación de Harvard en el esquema de intercambio de estudiantes internacionales. La medida impactó la capacidad de la institución para competir por talentos internacionales y dañó su prestigio internacional como centro de investigación. Harvard manifestó en su demanda que “sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.
Varias instituciones académicas en otros países, incluyendo dos universidades en Hong Kong, rápidamente extendieron invitaciones a estudiantes afectados por la medida. Durante la audiencia del lunes, el abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, defendió la postura del gobierno, afirmando que han revisado a docenas de universidades en los últimos dos meses y que Harvard “tiene la capacidad de resolver esto por sí misma”. Además, Davis sugirió que “otras universidades podrían ser mejores” para recibir a los estudiantes internacionales, algo que fue señalado como una posible opción para aliviar la situación.
Es preciso destacar que Davis fue el único abogado que defendió la posición del gobierno en la audiencia, en contraste con los seis abogados que representaron a Harvard, lo cual fue comentado por la jueza Burroughs. Por su parte, el presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la universidad ha implementado cambios para luchar contra el antisemitismo, pero que no se apartará de sus principios legales y académicos, incluso frente a las amenazas y ultimátums del gobierno.
