La Corte Suprema de Estados Unidos se enfrentaba a un grave dilema el lunes: aprobar o anular un acuerdo de indemnización por miles de millones de dólares a las víctimas de la crisis de los opiáceos que exonera a la familia Sackler -dueña del laboratorio Purdue- de cualquier proceso futuro de parte de las víctimas.
El departamento de Justicia tiene reparos a este acuerdo, que concluyó en 2022 con los 50 estados estadounidenses y que fue validado por un tribunal federal de apelaciones, el cual protege a la familia Sackler de cualquier demanda futura, incluso de víctimas que no hayan dado su consentimiento.
Los Sackler han sido acusados de haber promovido fuertemente durante años su medicamento contra el dolor, el OxyContin, pese a saber que era muy adictivo. La venta de este producto le reportó decenas de miles de millones de dólares.
La sobreprescripción de este opiáceo se consideró como el detonante de la crisis que causó más de medio millón de víctimas en 20 años en Estados Unidos.
Blanco de una avalancha de demandas, el laboratorio Purdue se declaró en quiebra en 2019 y negoció un plan cuya última versión plantea su cierre de aquí a 2024 en Estados Unidos a beneficio de una nueva entidad y el pago de al menos 5.500 millones de dólares en un plazo de 18 años.
Los nueve jueces, que suspendieron dicho acuerdo en agosto a pedido del gobierno, se mostraron en una encrucijada al tener que balancear entre el riesgo de comprometer la indemnización de las víctimas y el de reconocer en un asunto de quiebra el derecho de blindar a los Sackler contra posibles demandas futuras.
Si el síndico departamento de Justicia que impugna el acuerdo «gana su caso, los miles de millones que se prevén para la prevención de los opioides y para indemnizaciones, se evaporarán y los acreedores y las víctimas terminarán sin nada», argumentó el abogado del laboratorio Gregory Garre.
Por su parte, el representante legal de las víctimas que suscribió el acuerdo, Pratik Shah, estimó que también es «irresponsable de parte del liquidador sugerir que hay una especie de alternativa secreta para obtener la reparación» al afirmar que «sin excepción el plan se va a desmoronar».
«Decimos que hay otras víctimas de opioides que también sufrieron perjuicios trágicos que dicen no consentir que sus derechos sean extinguidos por la fuerza», respondió el abogado del gobierno, Curtis Gannon.
El juez Brett Kavanaugh, tras destacar el apoyo «abrumador» de más del 95% de los acreedores al acuerdo, criticó al Gobierno por restar importancia a las «incertidumbres» en caso de rechazo.
Su colega Ketanji Brown Jackson señaló, sin embargo, que esta situación era el resultado del deseo de la familia de obtener esta exención.
El departamento de Justicia afirma que los Sackler «drenaron» unos 11.000 millones de dólares de la empresa en los años siguientes a su declaración de quiebra en 2019.
«Los miembros de la familia Sackler no se han declarado ellos mismos en quiebra y no han puesto sino una fracción de sus bienes a disposición de la liquidación de Purdue», recordó Gannon.
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