Seis de ocho exguerrilleros, entre ellos cinco líderes ambientalistas, acusados de asesinar a una mujer en 1989, fueron absueltos este viernes en El Salvador, en un juicio que según organismos internacionales y oenegés buscaba golpear al movimiento contra la minería.
«Fue un sobreseimiento definitivo», dijo a la AFP la defensora Carolina Herrador, al explicar que el tribunal declaró «extinta la acción penal por prescripción del hecho» y resolvió «que seis de los acusados sean puestos en libertad inmediata».
Al juicio en Sensuntepeque, 80 km al noreste de San Salvador, en el departamento de Cabañas, acudieron diplomáticos y activistas de ONG que lo consideraron un proceso político por un supuesto interés del gobierno de Nayib Bukele de reactivar la minería metálica.
Los ocho eran guerrilleros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y, según la fiscalía, mataron en agosto de 1989 a María Alvarenga en la localidad de Santa Marta (Cabañas) por considerarla «informante del ejército».
Dos de los exrebeldes fueron procesados en ausencia, pero el tribunal les mantuvo la orden de arresto al considerarlos en «rebeldía», explicó Herrador.
Esta causa fue abierta en enero de 2023, cuando fueron detenidos los seis, luego de que fuera derogada en 2016 una ley de amnistía que en 1993 perdonó los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
– No a la minería –
Los ambientalistas absueltos son Pedro Rivas, Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Miguel Gámez y Alejandro Laínez, miembros de una ONG que luchó por la aprobación de una ley que en 2017 prohibió la minería metálica en el país.
«¡Libertad!», gritaron afuera del juzgado un centenar de habitantes de la comunidad de Santa Marta, que recibieron entre abrazos a los ambientalistas liberados.
«Nunca tuvimos duda de nuestra inocencia, hoy hemos salido con la frente en alto, no estábamos equivocados de nuestra inocencia», dijo Pedro Rivas a la AFP.
En marzo de 2023, la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y otros expertos de la ONU expresaron en una carta al gobierno de Bukele «preocupación» porque el caso fuera un «intento de intimidar» a los ambientalistas que, sobre todo, se oponen a la minería.
La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), a la que pertenecen los cinco ecologistas, sostuvo en un comunicado que «fueron capturados arbitrariamente» tras «denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición» de la minería por parte del gobierno.
El caso estaba motivado en «poderosos intereses políticos y económicos» para golpear a ambientalistas, declaró a la AFP David Morales, de la ONG Cristosal, según el cual hubo violaciones al «debido proceso».
Herrador dijo que el fallo podría ser apelado por la Fiscalía.
– «Nos jugamos el futuro» –
Los exguerrilleros estaban bajo arresto domiciliario desde septiembre de 2023. El sexto exrebelde absuelto es Fidel Recinos, y quienes están prófugos son José Sancho y Arturo Serrano.
Sancho es un excomandante que fue miembro de la cúpula de la guerrilla del FMLN y firmante de los acuerdos de paz con que terminó la guerra civil.
«Más que la libertad» de los ambientalistas, «nos jugamos el futuro de la lucha ambiental en el país», declaró a la AFP Alfredo Leiva, del directorio de ADES.
Se ha buscado «desacreditar y debilitar el trabajo de la lucha por el medio ambiente», señaló a la AFP Sara Alfaro, de Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
El abogado de la ONG Tutela Legal, Alejandro Díaz, dijo a la AFP que éste fue «un caso politizado e instrumentalizado por el gobierno y la Fiscalía» para castigar a activistas que defienden el medioambiente.
Destacó que el juicio avanzó con prontitud y, en contraste, tres masacres perpetradas durante la guerra por el ejército en Santa Marta, en las que murieron más de 500 civiles desarmados, todavía no ha sido investigadas.
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