Washington, D.C..- Las autoridades federales estadounidenses han imputado a dos individuos por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que, según la investigación del FBI, estaría vinculado a familiares y socios cercanos del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los acusados, identificados como Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para canalizar fondos provenientes de personas y empresas radicadas en Venezuela. De acuerdo con los informes oficiales, estas operaciones se habrían realizado en violación de sanciones internacionales impuestas al régimen venezolano.
Las pesquisas comenzaron en 2019 y culminaron en una operación encubierta que, tres años más tarde, permitió a los agentes federales detectar el movimiento de al menos $100,000 dólares. De esa suma, $25,000 habrían ingresado al sistema financiero estadounidense, lo que representa una pieza clave dentro de una red de blanqueo con alcance internacional.
El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue formalmente acusado en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia. Carbajal, ciudadano uruguayo, enfrenta cargos similares y fue detenido durante una escala en territorio estadounidense mientras era deportado desde República Dominicana. Por su parte, Komarczyk continúa prófugo y se presume que se encuentra en Venezuela.
El director del FBI, Kash Patel, condenó enérgicamente estas actividades, calificándolas como “salvavidas criminales” que contribuyen a sostener al gobierno venezolano. En declaraciones públicas, Patel reiteró que Estados Unidos no permitirá que su sistema financiero sea utilizado como refugio para fondos ilícitos.
Este caso sale a la luz en medio de nuevas iniciativas legislativas en el Congreso. Los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody, representantes por Florida, han presentado un proyecto de ley que propone duplicar a $100 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. La propuesta también contempla prohibiciones para realizar negocios con empresas vinculadas al gobierno venezolano.
