Washington D.C.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este jueves un memorando dirigido a la Fiscal General, Pam Bondi, en el que instruye solicitar la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los factores legales aplicables en el Distrito de Columbia.
La medida se enmarca en una estrategia federal para enfrentar lo que el mandatario ha calificado como una “crisis de criminalidad sin control” en la capital del país.
Con esta orden, Trump busca reinstaurar la pena capital en Washington D.C., donde fue abolida en 1981. La Casa Blanca recordó que la primera ejecución registrada en la ciudad fue la de James McGirk en 1802. El nuevo memorando exige a los fiscales federales que promuevan la pena máxima en los casos donde las pruebas y circunstancias lo justifiquen, y solicita al Fiscal General y al Fiscal del Distrito de Columbia ejercer jurisdicción federal en la mayor medida posible.
La administración argumenta que esta política responde a “amenazas graves a la seguridad pública” y que su aplicación debe ser prioritaria. “Al imponer la pena de muerte a los infractores más peligrosos, el presidente Trump reafirma su compromiso de proteger a los residentes y visitantes de la capital, asegurando que los criminales violentos enfrenten las consecuencias más severas bajo la ley”, señala el comunicado oficial.
La Casa Blanca también presentó estadísticas que ubican a Washington D.C. como una de las ciudades más violentas del país, con una tasa de homicidios de 27,3 por cada 100.000 habitantes en 2024. Esta cifra representa la cuarta más alta a nivel nacional, superando ampliamente a ciudades como Nueva York, Atlanta, Chicago y Compton.
En línea con esta política de seguridad, desde el 11 de agosto el presidente Trump asumió control federal sobre la policía metropolitana de la capital, desplegando miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes de distintas agencias federales para realizar operativos en la ciudad.
Durante las últimas semanas, el mandatario ha intensificado su discurso sobre el crimen urbano, mencionando otras ciudades como Chicago y Los Ángeles, gobernadas por líderes demócratas, como posibles escenarios para extender el control federal en materia de seguridad.
