Washington D.C.- El estado de Tennessee, junto a otros 24 estados, ha presentado un escrito legal ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el que cuestiona la constitucionalidad del régimen de licencias para portar armas de fuego vigente en Massachusetts. La acción legal busca revertir una decisión judicial que, según los demandantes, vulnera derechos fundamentales protegidos por la Segunda Enmienda.
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, anunció el viernes que el estado se ha sumado a una coalición que incluye a Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming. Todos ellos firmaron un escrito de amicus curiae, una figura legal que permite a terceros expresar su interés en un caso sin ser parte directa del litigio.
El caso: Marquis v. Commonwealth of Massachusetts
El caso que motiva esta acción involucra a un ciudadano de New Hampshire que fue arrestado en Massachusetts tras informar a la policía que portaba legalmente un arma de fuego, aunque no contaba con una licencia válida en ese estado. Aunque un tribunal de primera instancia desestimó los cargos, el tribunal superior de Massachusetts los restableció, citando su normativa local sobre licencias.
Críticas al régimen de licencias
En su comunicado, Skrmetti afirmó: “Los derechos de la Segunda Enmienda de los habitantes de Tennessee no desaparecen simplemente cuando visitan Massachusetts. Ningún estadounidense debería enfrentar cargos penales por ejercer sus derechos constitucionales mientras viaja”.
El escrito presentado ante la Corte Suprema argumenta que el sistema de licencias de Massachusetts impone restricciones excesivas y discriminatorias a los no residentes, obligándolos a esperar plazos prolongados y pagar tarifas elevadas para obtener permisos. La coalición sostiene que esto constituye una violación de la tradición legal estadounidense y representa un problema recurrente con implicaciones significativas para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Llamado a la Corte Suprema
Los estados firmantes solicitan que el máximo tribunal revoque la decisión del tribunal superior de Massachusetts, defendiendo el derecho de portar armas en público para defensa personal como una garantía constitucional consagrada en la Segunda y la Decimocuarta Enmiendas.
“El derecho a portar armas no debe depender del código postal”, concluye el escrito, subrayando la necesidad de una interpretación uniforme de las libertades individuales en todo el territorio nacional.
