Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha emitido un llamado urgente al Gobierno hondureño para que active mecanismos de protección y asistencia ante la inminente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, medida que afectará directamente a más de 51,000 ciudadanos hondureños.
La decisión, tomada por el Noveno Circuito de Apelaciones en California, autoriza al Gobierno estadounidense a poner fin al programa migratorio que por décadas ha ofrecido amparo legal a miles de centroamericanos. La resolución revierte una orden previa que mantenía vigente el TPS, el cual también beneficia a cerca de 3,000 nicaragüenses.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, expresó su profunda preocupación por las consecuencias de esta medida. “Los hondureños perderán el derecho a trabajar legalmente, obtener licencias de conducir y acceder a servicios médicos. Esta situación genera incertidumbre y obliga al Estado a prepararse para recibir a personas que enfrentarán enormes desafíos al regresar”, señaló.
Según lo establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los beneficiarios del TPS dispondrán únicamente de 60 días de gracia antes de perder su estatus migratorio. Para los hondureños, la fecha límite será el próximo 8 de septiembre.
Reyes advirtió que la mayoría de los afectados lleva más de 25 años residiendo en EE.UU., donde han formado familias con hijos ciudadanos estadounidenses. “La ruptura de la unidad familiar es una de las mayores preocupaciones. Muchos no están preparados ni desean regresar a Honduras”, afirmó.
La defensora también alertó sobre el riesgo de detenciones, dado que los beneficiarios están plenamente identificados en el sistema migratorio estadounidense. Algunos podrían optar por regresar voluntariamente si cuentan con recursos, mientras que otros buscarán alternativas dentro del país norteamericano.
Finalmente, Reyes instó a los hondureños a explorar vías legales para ajustar su estatus migratorio, como la solicitud de residencia por vínculo familiar, especialmente en casos donde los hijos ya son mayores de edad. “Es fundamental que se actúe con rapidez para evitar deportaciones que desintegren familias y expongan a nuestros compatriotas a condiciones adversas”, concluyó.
