Bernalillo, Nuevo México – Un hombre identificado como James Casady Cangro, de 45 años, fue sentenciado a 11 años de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de fuego en el área de Albuquerque. Según la Oficina del Fiscal Federal de Nuevo México, Cangro formaba parte de una red criminal con vínculos tanto al Cártel de Sinaloa como a grupos de supremacía blanca.
La investigación, liderada por el FBI durante 18 meses, comenzó en 2021 y logró desmantelar una operación que combinaba tráfico de drogas, armas ilegales y conexiones con pandillas extremistas. Cangro, exintegrante de la pandilla carcelaria Soldados de la Cultura Aria, había sido identificado como una figura central en la organización antes de abandonar formalmente el grupo.
Evidencia, operativos y cargos penales
En septiembre de 2021, autoridades ejecutaron una orden de registro en su residencia del sureste de Albuquerque, donde se encontraron artículos como chalecos antibalas, pipas de metanfetamina y esteroides. La información recuperada de su teléfono móvil reveló patrones de actividad delictiva que incluían venta de armas y distribución de fentanilo proveniente de Arizona.
En abril de 2022, el FBI llevó a cabo múltiples allanamientos que resultaron en el decomiso de más de 35,000 pastillas de fentanilo, metanfetamina, nueve armas de fuego y material adicional. Aunque Cangro logró evadir una orden inicial mudándose al noreste de la ciudad, continuó con sus operaciones ilegales hasta ser localizado nuevamente.
El 19 de abril de 2022 fue arrestado en California, donde se le encontraron drogas durante un registro físico en prisión. En una inspección posterior en su hogar en Albuquerque, se incautaron otras 11 armas —incluida una escopeta recortada— junto con más sustancias ilícitas.
Cangro se declaró culpable de múltiples cargos: posesión de chaleco antibalas por parte de un delincuente violento, posesión y tráfico de armas no registradas, y distribución de fentanilo y metanfetamina. Además de su condena de 11 años, enfrentará cinco años de libertad supervisada. En el sistema federal, no existe la posibilidad de libertad condicional.
El caso fue investigado por la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque, en colaboración con el Departamento de Policía local. El fiscal federal adjunto Paul J. Mysliwiec lideró el proceso judicial.
