Un nuevo enfoque en la aplicación de las políticas migratorias en Estados Unidos ha puesto bajo la lupa de las autoridades a un grupo específico de inmigrantes: aquellos que se encuentran en libertad condicional, incluso por delitos menores.
Esta intensificación se debe a una creciente colaboración entre las agencias penitenciarias estatales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una práctica que ha suscitado inquietud y críticas por parte de abogados especializados en inmigración, quienes la consideran poco ética y potencialmente violatoria de derechos fundamentales.
En el estado de Utah, esta situación se ha agudizado desde diciembre. Oficiales de supervisión estatal han comenzado a detener directamente a inmigrantes durante sus citas de control rutinarias, a menudo sin previo aviso y en coordinación con el ICE.
Esta realidad ha generado un dilema para los profesionales del derecho, quienes deben sopesar si recomendar a sus clientes cumplir con sus citas obligatorias o protegerlos del riesgo inminente de detención.
A pesar de las denuncias, el Departamento Correccional de Utah insiste en que sus procedimientos no han experimentado cambios recientes. Su portavoz, Glen Mills, afirmó que el intercambio de información con el ICE se lleva a cabo desde hace al menos una década y negó cualquier modificación reciente en la política estatal.
Por su parte, ICE defiende la legalidad de estas detenciones, argumentando que las personas en libertad condicional siguen siendo consideradas «deportables» bajo la ley federal, incluso después de haber cumplido sus condenas a nivel estatal. La agencia federal también sostiene que estas acciones contribuyen a la reducción de la reincidencia delictiva.
