Catatumbo, Colombia.- La reciente escalada de violencia en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, ha dejado un saldo alarmante de al menos 80 muertos, 32 personas secuestradas y cientos de desplazados, según informó la Defensoría del Pueblo.
Esta situación ha sido ligada a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A pesar de que las FARC firmaron un tratado de paz con el gobierno colombiano en 2016, varios grupos disidentes han continuado su lucha armada, enfrentándose no solo entre ellos, sino también contra las fuerzas del Estado en distintas regiones, incluida El Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela. Los ataques recientes han roto una frágil tregua entre estos grupos guerrilleros, que se encontraban en negociaciones de paz con la administración del presidente Gustavo Petro.
Debido a la gravedad de la situación, el gobierno decidió suspender las conversaciones de paz con el ELN. «Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; el ELN no tiene ninguna voluntad de paz», declaró Petro en un mensaje publicado en X.
El balance de muertes incluye a siete firmantes de paz, mientras que la Defensoría advierte sobre la preocupación por el riesgo que enfrentan líderes sociales, sus familias e incluso niños, quienes podrían ser secuestrados o asesinados debido a la violencia del ELN. Además, se han reportado casos de confinamiento en diversos municipios y escasez de alimentos en algunas comunidades.
El Catatumbo ha sido un foco de conflicto por años, caracterizado por la presencia de economías ilícitas, como el tráfico de cocaína. La rivalidad entre el ELN, disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central (EMC), y grupos paramilitares ha complicado aún más la situación.
La violencia empeoró a partir del miércoles 15 de enero, tras el asesinato del empleado funerario Miguel Ángel López, su esposa e hijo en la carretera entre Tibú y Cúcuta. Este trágico episodio conmocionó al país, aunque el ELN negó cualquier implicación. Posteriormente, se desataron enfrentamientos en la región.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha movilizado miles de efectivos militares y analiza la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, lo que le otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo.
Desde su elección en 2022, el presidente Petro ha impulsado un ambicioso proyecto de “paz total”, buscando dialogar con el ELN y otros grupos armados. Sin embargo, la reciente suspensión de las negociaciones, provocada por los hechos de violencia, marca un nuevo estancamiento en los esfuerzos por alcanzar la paz en la región.
El ELN, por su parte, ha responsabilizado a las disidencias de las FARC de las escaladas de violencia, advirtiendo que la confrontación armada podría ser la única salida si continuaban los ataques contra la población.
