MÉXICO.- Prohibidas su uso en conflictos bélicos del mundo, por ser consideradas armas de lesa humanidad, la minas terrestres antipersonal se convirtieron en los últimos tres años en uno de los principales instrumentos de guerra de los cárteles en la región Tierra Caliente, aunque su manejo ya se extendió a otras zonas de Michoacán.
Durante ese periodo la denotación de estos artefactos ha matado y lesionado a decenas de civiles –sobre todo campesinos en el desarrollo de sus labores agrícolas–, así como a policías y elementos de las Fuerzas Armadas que realizaban patrullajes de vigilancia; no obstante, el uso de estos artefactos de guerra ha sido minimizado por las autoridades.
De acuerdo con informes del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), las primeras víctimas civiles de minas antipersonal que se tienen registradas son un campesino que murió y su hijo que resultó herido de gravedad tras pisar un artefacto en un área rural del municipio de Aguililla, el 12 de febrero de 2022.
Dos semanas antes un vehículo militar pasó sobre una mina en las inmediaciones de la localidad El Casangüe, en el municipio de Tepalcatepec, lo que causó una explosión con un saldo de cinco soldados heridos.
A principios de marzo de 2024 tres jornaleros murieron y dos más resultaron heridos como consecuencia del estallido de una mina que se encontraba en una brecha que detonó cuando las víctimas transitaban en una camioneta para llegar a su lugar de trabajo en las cercanías del poblado de Las Cruces, municipio de Tumbiscatío.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que “las minas antipersonal dejan un perdurable legado de muertes, heridas y sufrimientos. Pisar una mina muchas veces significa que una o más personas –por lo general, niños– sufrirán heridas o la muerte, y que las consecuencias afectarán por siempre tanto a las víctimas como a sus familiares”.
Asimismo “la contaminación causada por las minas impide el uso de amplias porciones de tierra, lo que afecta la producción de alimentos y destruye los medios de vida. El impacto de las minas en las comunidades suele prolongarse durante décadas”.
Frente a lo anterior, la comunidad internacional aprobó en 1997 la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, suscrita por el Estado mexicano en diciembre de ese mismo año, que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de esas armas y requiere que se adopten medidas para prevenir y atender sus efectos de largo plazo.
