San Salvador, El Salvador.- Las autoridades de El Salvador continúan su lucha contra las maras y pandillas, enfocándose en un remanente de aproximadamente 8,000 miembros, a la espera de la decisión del presidente Nayib Bukele sobre la posible relajación del régimen de excepción, que ha estado vigente desde marzo de 2022 y suspende ciertos derechos constitucionales.
En una sesión informativa con medios internacionales, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que es necesario implementar más reformas legales para mantener las herramientas que el régimen otorga a las instituciones de seguridad.
«En términos de victoria por parte del Estado, el Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos (las pandillas) está completamente destruido. Obviamente, hay remanentes», destacó. Villatoro agregó que todos los perfiles de los más de 8,000 objetivos están bajo vigilancia de las fuerzas del orden, con el objetivo de llevarlos ante la justicia.
El ministro también mencionó que están llevando a cabo un “barrido a nivel nacional” y coordinando esfuerzos con países vecinos para localizar y capturar a estas personas.
“Es una guerra de resistencia; no es algo rápido. No se pueden borrar 20 años en tres años”, subrayó. Villatoro explicó que se están considerando medidas para relajar algunos artículos de la Constitución que se ven comprometidos dentro del régimen, aunque la decisión final recaerá en el presidente Bukele y su Gabinete de Seguridad Ampliado.
En una reciente inauguración de una obra vial, Bukele indicó: “No necesitamos más dureza. Al contrario, probablemente pronto podamos relajar medidas”.
Bajo el régimen de excepción, que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía la detención administrativa hasta 15 días, se han registrado más de 86,000 detenciones, de las cuales solo 8,000 personas se encuentran en libertad condicional. Esta medida fue instaurada tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, evento que, según investigaciones del medio local El Faro, marcó la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.Este enfoque extraordinario ha sido la principal estrategia del gobierno contra las pandillas y ha contribuido a la reelección inmediata de Bukele, a pesar de la prohibición constitucional. Sin embargo, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a los derechos humanos, en su mayoría por detenciones arbitrarias y torturas, reportando más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de las cuales presentan signos de violencia.
