Nashville, Tennessee.- En las últimas semanas, la administración de Nashville, encabezada por el alcalde O’Connell, ha anunciado varias iniciativas clave enfocadas en la seguridad pública. Entre ellas destacan un acuerdo importante entre la Junta de Revisión Comunitaria (CRB, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD), y la creación de una Oficina de Seguridad Juvenil. Esta última se financia a través del Plan de Gastos Varsity, presentado durante las audiencias públicas para el presupuesto operativo del año fiscal 2025.
Sin embargo, la atención se ha centrado en una propuesta que actualmente está bajo consideración en el Consejo Metropolitano: una actualización del contrato de uso del sistema Fusus por parte del MNPD. Este sistema permite acceder a cámaras privadas instaladas, bajo solicitud de servicio.
Controversias y preocupaciones comunitarias
La propuesta ha generado controversia, especialmente en el contexto de las elecciones federales y las preocupaciones sobre la privacidad de inmigrantes indocumentados, residentes transgénero y mujeres que buscan acceso seguro a servicios de aborto.
En respuesta, la administración ha implementado varias salvaguardas en el contrato, como:
• Un “interruptor de emergencia” que desactiva el programa si se viola la ley local.
• Prohibición de reconocimiento facial o inteligencia artificial en el sistema.
• Restricciones para evitar modificaciones unilaterales de los términos de uso.
El alcalde O’Connell destacó que el MNPD ya utiliza Fusus para localizar vehículos policiales y facilitar la asistencia computarizada. Sin embargo, cualquier nueva capacidad, como el acceso a cámaras privadas, debe pasar por un proceso de audiencia pública.
Un enfoque equilibrado
Aunque O’Connell ha sido crítico en el pasado respecto a herramientas de vigilancia, aseguró que esta propuesta no expande la vigilancia, sino que fortalece la seguridad pública con medidas contractuales y políticas claras.
“Estamos trabajando para equilibrar la necesidad de seguridad pública con la protección de los derechos de los residentes más vulnerables”, afirmó el alcalde.
Colaboración y revisión continua
La administración se comprometió a continuar colaborando con las comunidades y organizaciones para monitorear los riesgos asociados y evaluar los impactos de seguridad pública del programa, si este es aprobado.
Los detalles de la legislación, informes y políticas relacionadas pueden consultarse en los siguientes enlaces oficiales:
• Legislación sobre Fusus
• Informe inicial del CRB
• Informe actualizado del CRB
• Política del MNPD
El debate continúa en el Consejo Metropolitano mientras la ciudad busca garantizar la seguridad pública sin comprometer la privacidad y derechos de sus ciudadanos.
