Decenas de manifestantes exigieron este jueves ante la sede de la fiscalía de Honduras justicia para el ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre.
El activista de 46 años impulsaba una campaña contra una mina a cielo abierto. Fue asesinado a tiros al salir de una iglesia católica de Tocoa, 220 km al noreste de Tegucigalpa, poblado del que también era concejal, en un hecho condenado por la ONU y por el papa Francisco.
«¡Justicia, justicia!», corearon miembros de organizaciones sociales, que vestían camisetas verdes con una foto del ambientalista y la leyenda «Justicia para Juan López».
Un juzgado dictó el miércoles un «auto de formal procesamiento» contra tres sospechosos del asesinato, detenidos hace unos días, dijo la fiscalía.
«Se capturó a los autores materiales, pero eso no basta, estamos aquí para pedirle al Ministerio Público que queremos que se encuentre a los autores intelectuales (…), aquellos que pagaron» para que fuera asesinado, dijo mediante un altavoz Nedis Licona, diputado del Parlamento Centroamericano.
Licona pidió también «protección» para la esposa, dos hijas y los compañeros de López. «Ya no queremos más asesinatos», indicó.
«Juan López no sólo era un ambientalista, era un luchador social por la justicia y la defensa de los territorios», dijo a la AFP la manifestante Ixchel Espinal, estudiante de economía de 25 años.
En noviembre de 2021, López había hablado en una entrevista con la AFP sobre los riesgos que corrían los ambientalistas en Honduras. «Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes […] entra en choque con los grandes intereses», dijo.
El crimen de López evocó el caso de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 en uno de los países más letales para los activistas por el medioambiente, según la ONG Global Witness.
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