Brasil y Colombia sugirieron este jueves repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, después de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro y las denuncias de fraude de la oposición, que reivindica su victoria y en principio rechazó la propuesta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado de servir al chavismo, declaró a Maduro ganador de los comicios del 28 de julio con el 52% de los votos, aunque hasta ahora sin mostrar el detalle del escrutinio argumentando que fue blanco de un «ataque ciberterrorista».
La oposición liderada por María Corina Machado publicó por su parte en un sitio web propio copias de más del 80% de las actas escrutadas, que asegura prueban la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina exigen un escrutinio más transparente. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral que llevó a protestas que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, algunos menores de edad.
– «Falta de respeto» –
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió convocar nuevas elecciones, una posición que ya sonaba en los bastidores del poder en Brasilia.
Maduro «podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (…) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones», afirmó en una entrevista Lula, que «aún no» reconoció los resultados.
En la misma línea, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, pidió «nuevas elecciones libres» con «garantías totales a la acción política» y el «levantamiento de todas las sanciones» económicas de Estados Unidos contra Venezuela.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofrece una rueda de prensa en el Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de agosto de 2024
Ante la pregunta de un periodista en la Casa Blanca sobre si apoya nuevos comicios en Venezuela, Biden respondió que «sí».
Horas antes, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, había declinado hacer comentarios específicos sobre la convocatoria de nuevas elecciones, pero reiteró la preocupación de Estados Unidos por el desarrollo de los comicios en el país sudamericano.
Maduro ya descartó el 31 de julio, tres días después de su proclamación, repetir los comicios.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ondea una bandera nacional durante una manifestación para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas, el 3 de agosto de 2024
«¿Gané la partida de dominó y pido que se repita? Es así como que estamos jugando dominó, yo gano y ‘¡qué se repita esto por favor! No, ya ganaste, tómate una cervecita», había señalado en una rueda de prensa.
Machado por su parte rechazó de plano la propuesta en una rueda de prensa virtual con medios chilenos y argentinos.
«Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo (…) la soberanía popular se respeta», dijo Machado, que se encuentra en la clandestinidad. «Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aun así logramos ganar».
– Agenda legislativa –
El Parlamento venezolano, en tanto, aprobó el jueves por unanimidad la regulación de las oenegés, una iniciativa que activistas temen restrinjan derechos civiles.
La discusión de este proyecto, impulsado en enero de 2023, fue retomada el martes tras una solicitud hecha por Maduro de acelerar la discusión de un paquete de leyes que también incluye la regulación de redes sociales y el castigo contra el fascismo, término usado con frecuencia por el gobierno para referirse a la oposición.
El chavismo tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional.
Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela reunidos en el hemiciclo protocolar el 13 de agosto de 2024 en Caracas
Las oenegés son blanco frecuente de ataques desde el poder. La ley las obliga por ejemplo a inscribirse en un registro local y hacer una «relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros». Su incumplimiento implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
Los activistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, han alertado que esta ley limita los derechos civiles y temen por una restricción del espacio cívico.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades frenar la aprobación de «leyes que socaven el espacio cívico y democrático» y ha destacado que en el país hay un «clima de miedo» en el que «es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos».
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