MÉXICO.- La jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Segundo Distrito, ha modificado la medida cautelar del exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el «Góber Precioso», de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Marín enfrenta un proceso judicial por su probable responsabilidad como autor intelectual de los actos de tortura cometidos contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
La nueva medida establece que el exmandatario estatal podrá continuar su proceso desde su domicilio en Puebla, tras pagar una fianza de 100 mil pesos. Además, deberá portar un brazalete electrónico para su localización permanente y se le prohíbe salir del país. Su visa y pasaporte permanecerán en el juzgado, y se ha emitido una alerta migratoria para asegurar su permanencia en México.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo por videoconferencia este sábado, la jueza Ortuño Suárez también impuso restricciones estrictas a Marín, prohibiéndole acercarse o comunicarse con las víctimas, incluyendo a Cacho, y con los testigos involucrados en el caso.
Lydia Cacho, periodista y activista que denunció a Marín por ordenar actos de tortura en su contra, cuestionó la decisión de la jueza, advirtiendo sobre el riesgo que representa el exgobernador para ella, su equipo legal y sus familiares.
«No ha sido exonerado Mario Marín, sin embargo, es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia. Hago responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez de cualquier cosa que pueda sucederle a mi equipo legal que estuvo en la audiencia y a cualquiera de nosotras», expresó a través de sus redes sociales.
La comunicadora ha sido una voz crítica contra Mario Marín desde que lo acusó de ordenar actos de tortura en su contra y de encubrir una red de pornografía infantil y trata de menores, revelada en su libro Los demonios del Edén.
En respuesta a la decisión judicial, Cacho comentó: «El Poder Judicial se vende para miles de víctimas en México. Morena puso como gobernador al ahijado de Mario Marín y aquí el resultado. La batalla contra las redes de pornografía infantil sigue viva; somos miles trabajando para desarmarlas».
